Por segunda vez en el mandato de Javier Milei, se lleva a cabo una Marcha Federal Universitaria, en la que estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones políticas y sindicales se movilizan al Congreso Nacional para exigir que se insista con la Ley de Financiamiento para las casas de estudio. Este reclamo se produce en un contexto donde se anticipa que el presidente vetará dicha ley en las próximas horas.
Durante el acto central, que tuvo lugar en la Plaza del Congreso, se leyó un documento titulado “La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”, a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
El documento, firmado por la FUA, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional, incluye diez puntos clave que abordan la crisis del financiamiento educativo y sus consecuencias.
Entre los puntos destacados, se menciona que “la reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas”. La falta de paritarias y el desfinanciamiento del sistema científico han llevado a la paralización de más de 100 obras de infraestructura y a la actualización tardía de programas de asistencia para estudiantes.
El documento también denuncia una campaña de desprestigio hacia el ámbito científico y universitario, afirmando que “no ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo” por parte del Gobierno. Se hace hincapié en la dramática caída de los salarios, con un alto porcentaje de docentes y no docentes percibiendo salarios por debajo de la línea de la pobreza.
Asimismo, se aborda el desmantelamiento del sistema científico, señalando que la falta de actualización salarial y la reducción de financiamiento para becas afectan gravemente el desarrollo de la ciencia en el país. El texto advierte sobre el deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes, haciendo hincapié en que “el acceso y la permanencia para los hijos e hijas de familias trabajadoras se convierte en una realidad cada vez más lejana”.
En un llamado directo al presidente Milei, el documento pide que no vete la ley de financiamiento universitario, resaltando que esta ley “no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación” y es crucial para asegurar la continuidad del sistema universitario.
El texto también advierte sobre la necesidad de reconsiderar el presupuesto educativo para 2025, advirtiendo que “la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy” si no se realizan modificaciones.
Por último, el documento concluye agradeciendo a la sociedad argentina por su apoyo y reafirmando el valor de la educación pública como “la columna vertebral de la Nación que iguala y nos hace libres”. La marcha, que se replicó en diversas ciudades del país, evidencia el respaldo masivo a la defensa del financiamiento educativo y la importancia de mantener la universidad pública como un pilar fundamental para el desarrollo social.