La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) convocó a un paro del sector de la discapacidad de Córdoba para este miércoles, con movilización a las 12 horas frente a la sede de la obra social provincial (Apross) y en la plaza Agustìn Tosco, en la zona del Patio Olmos. En tal sentido, denunció la continuidad del ajuste por parte del gobierno nacional, con un aumento del 2% en las prestaciones, un intento de quebrar las obras sociales, y una estigmatización de las pensiones por discapacidad.
«Queremos expresar nuestro repudio hacia la decisión del gobierno nacional por el último anuncio que otorga un aumento del 2% a cobrar quizá desde octubre frente a un aumento superior al 100% del monotributo que afrontan prestadores de discapacidad», expresó ATI en un comunicado.
Asimismo, alertó que esta decisión se tomó sin escuchar la negativa de los representantes de la sociedad civil en el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Denunció también que «el fondo solidario de redistribución sufrirá cambios que perjudican a las obras sociales pequeñas, poniéndolas en riesgo».
Y finalmente, apuntó contra la campaña del Gobierno Nacional para «instalar la idea de que hay pensiones por invalidez mal dadas con datos falseados», en referencia puntual a lo expresado días atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, incluso exhibiendo ante la opinión pública la radiografía de un perro que, presuntamente, habría sido utilizada para acreditar una pensión por invalidez.
Por su parte, reveló que el área de Discapacidad «se transfirió» a la cartera de salud, lo que entienden como un nuevo mecanismo de ajuste e invisibilización del sector: «Debemos comprender que si se ejercen políticas públicas desde paradigmas inadecuados no se está atendiendo las demandas de la comunidad», alertan y subrayan que «este contexto lo único que refleja es el incumplimiento de la convención internacional de las personas con discapacidad».
A continuación, ATI hizo extensiva esta convocatoria a movilizarse al resto de la comunidad, afirmando que «la emergencia en discapacidad no es solo un asunto de quienes formamos parte de este sector, entiéndase personas con discapacidad, sus familias y prestadores. Es una responsabilidad de toda la sociedad, y solo así podremos hablar de una comunidad inclusiva que garantice la convivencia».
Maltrato naturalizado
Consultada al respecto, Julia Libertad Domínguez, licenciada en Psicopedagogía y referente de prestadores de discapacidad dentro de la ATI, enfatizó en declaraciones al portal La Nueva Mañana que el 2% de aumento dispuesto por el Gobierno es «un recorte y una provocación».
Y para fundamentar su afirmación, detalló que en contraste con dicho aumento, el monotributo aumentó un 140%, dependiendo de cada categoría, que el derecho al ejercicio profesional se incrementó un 25% y que ni la matrícula ni los servicios, como el transporte y el internet, ni los insumos y recursos necesarios para poder trabajar se incrementaron sólo un 2%.
Con respecto al fondo solidario, explicó que a través de una presunta máxima liberal, que postula poner a todas las obras sociales en igualdad de condiciones, se pone en riesgo de quiebra a las más pequeñas, al desconocer las particularidades que atraviesa cada una. «Preocupa porque la quiebra de las obras sociales también va a implicar pérdidas de puestos de trabajo», advirtió Domínguez.
Asimismo, enmarcó cada uno de estos reclamos puntuales en una «angustia generalizada» y sostenida estos últimos meses, que «lleva a naturalizar el maltrato». En ese sentido, exhortó a sus colegas a darse cuenta que «cada vez que salimos a la calle, pudimos contrarrestar mínimamente, visibilizando lo que se hace contra el sector»; y que si no se puede parar las actividades, suma poder hablar en los espacios de trabajo y con las familias.
Finalmente, Domínguez se refirió a la polémica desatada desde el Gobierno respecto a la presunta entrega fraudulenta de pensiones por invalidez y discapacidad, a la que calificó como la búsqueda de «construir un enemigo interno» para legitimar los recortes.
«Sabemos que hay pensiones que se han quitado a personas con discapacidad crónica. Se habla livianamente de que se roba plata en un sector que ya de por sí está desfinanciado. Esto se usa, además, para desfinanciar otras áreas», alertó.
Y completó: «El ataque a las pensiones busca generar una desconfianza en la sociedad, desprestigio, sentimiento de culpa por acceder a un derecho en cada persona con discapacidad. En lugar de buscar a las cuatro millones de personas que tienen discapacidad y aún no tienen su certificado, se ocupan de desmantelar al sector y quitarles la pensión a quienes la tienen. Puede haber gente con pensiones falseadas, pero en este caso usan el tema para desprestigiar al sector».