El asesinato a sangre fría del remisero Facundo Pereyra, ocurrido en la ciudad de Río Cuarto el 26 de mayo último y por el que están acusados cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años, profundizó en nuestra provincia el debate sobre qué hacer con los niños y adolescentes que cometen delitos.
Si bien la discusión nacional está centrada en la edad de imputabilidad, la problemática abarca un sinnúmero de aspectos: cómo actualizar el régimen penal juvenil, cómo llegar a tiempo para prevenir el agravamiento de la situación, dónde alojar a los niños que delinquen porque no pueden estar en las cárceles con adultos, cómo tratar las adicciones a las drogas, cómo contener ante la ausencia absoluta de vínculos familiares y cómo evitar que reincidan.
No hay dudas de que la situación social y económica agravará aún más el cuadro actual. El desborde de este escenario incrementa la inseguridad, con niveles de violencia nunca vistos. Tanto como crece el delito en general, cada vez hay más niños que asaltan y matan, tan sólo para robar un celular. Lo demuestran casos concretos como el del remisero de Río Cuarto, el crimen de Sebastián Villarreal en esta capital, y las crónicas policiales diarias que dan cuenta de la aprehensión de adolescentes por robos, en la gran mayoría de los casos con armas.
El gobernador Martín Llaryora admitió públicamente la semana pasada que “cambió de opinión” y que ahora piensa que sí es necesario “dar la discusión” sobre la edad en que los niños y adolescentes pueden ser punibles. Su discurso fue interpretado en el contexto de cambio de época de la política argentina y las necesidades electorales riocuartenses.
El panorama es muy complejo y demanda respuestas urgentes del Poder Judicial y de la Senaf, en un marco de desconfianzas y reproches recíprocos, reveló ayer en un informe el diario Perfil Córdoba. Al respecto, trascendió que el tema que planteó el mandatario provincial es analizado desde febrero y que se estudian alternativas para abrir residencias especiales donde sean alojados menores delincuentes que, por la actual ley penal juvenil, no pueden estar en el Complejo Esperanza.
¿Cómo es el recorrido de este grupo de jóvenes delincuentes? Cuando son detenidos por la policía quedan bajo directivas de los jueces penales juveniles, quienes ordenan el encierro en el Complejo Esperanza, entendido no como cárcel sino como espacio socioeducativo. Los más grandes pueden permanecer seis meses, prorrogables a un año. Si son chicos, ordenan su externación antes de ese plazo (es ilegal la detención si tienen menos de 16 años) y piden que la Senaf lo devuelva a su familia con un seguimiento estricto.
Se supone que reciben asistencia social, psicológica y los controles necesarios para que no reincidan en el delito.
Sin embargo, la realidad demuestra que el 100% de los chicos consumen drogas. Y la inmensa mayoría no tiene adultos que los contengan. En el mejor de los casos en que existan padres, están presos, las madres están solas y los círculos familiares son considerados violentos. ¿Adónde van esos adolescentes? La pregunta desnuda el fracaso social absoluto.
Para dar una respuesta, se analiza abrir un nuevo espacio “intermedio” –así lo definen las fuentes consultadas– entre el encierro y la libertad. No estará dentro del Complejo Esperanza, sino en una locación en las afueras de la ciudad y tendrá una modalidad de granja de recuperación o resocialización.
Esos chicos no pueden ir a las casas donde hay niños y adolescentes con medidas protectivas y no se pueden mezclar los que cometieron delitos con los que no se iniciaron en él. Por eso, si bien se trata de órdenes judiciales para dar protección, no estarán en los centros ya existentes.
Desde la Provincia sostienen que si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no avala la viabilidad de esta alternativa será imposible llevarla a la práctica.
Hace poco más de dos años, el máximo tribunal dispuso en un fallo que los menores de 16 años no permanezcan detenidos en el Complejo Esperanza. Esta sería una salida diferente, intermedia.
En contrapartida, desde el Fuero Penal Juvenil sostienen que esperaban cambios más rotundos y más gestión por parte de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, que tiene bajo su jurisdicción a la Senaf y que fue una de las principales impulsoras –mientras fue legisladora provincial– de controles y cambios en el Complejo Esperanza. Cada vez que un joven reincide en el delito, el organismo administrativo queda en la mira.
En medio de recelos recíprocos, todo lo que se hace parece ser poco a la luz de la realidad, cada vez más crítica.
Números y discrepancias
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó en septiembre pasado que durante el primer semestre del 2023 había crecido un 21% la participación de chicos menores de edad, en su mayoría de 16 y 17 años, en hechos delictivos. En la provincia de Córdoba los datos disponibles son del 2022. Es una falencia. Es aconsejable tomar decisiones sobre la evidencia estadística.
En Córdoba, en este momento hay 144 adolescentes alojados en el Complejo Esperanza. Se trata de un 13% más de los 127 que había en mayo del año pasado. Los datos fueron aportados, a pedido de este medio, por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). De ese total, 75 están acusados por robo calificado; 23 por amenazas, encubrimiento, tenencia ilegal o venta de drogas, lesiones graves o violencia familiar; 21 por homicidios, y el resto por tentativa de robo (13), abuso sexual (6) y tentativa de homicidio (6). Todos son delitos graves.
En cuanto a las edades, los más chicos tienen 14 años (3) y 15 (1). De 16 años, edad límite para declarar punible a un adolescente, hay 37. El grupo mayoritario tiene 17 años (81). También hay de 18 años (18) y de 19 (4).
Hay dos constataciones irrefutables: esos números no mueven el amperímetro de la inseguridad, pero la tendencia creciente de la participación de niños y adolescentes en delitos graves enciende las alarmas y reaviva el reclamo de punitivismo.
Con posiciones enancadas en esos extremos hay quienes rechazan bajar la edad de imputabilidad aduciendo que no solucionará el problema; y quienes opinan que si un menor comete un hecho grave debe ser penalizado y detenido para resguardar a las víctimas y evitar la continuidad de un derrotero fatal.