En un anuncio sorpresivo este miércoles, el Gobierno liderado por Javier Milei dio a conocer un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ha sacudido el ámbito de la salud y la medicina privada. Esta medida establece un radical cambio en el marco regulatorio de la Medicina Prepaga y reformas significativas en la ley de Obras Sociales.
Dentro de las más de 300 medidas implementadas, se destaca la derogación de artículos cruciales que permitían revisar y modificar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. A partir de ahora, la autoridad de aplicación ya no tendrá la facultad de fijar aranceles mínimos ni regular los modelos de contrato, dejando en manos de las empresas gran parte del control sobre los costos y servicios.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la obligatoriedad para las prepagas de transferir a sus afiliados a otros prestadores en situaciones de quiebra, cierre o cesación de actividades. Esta medida plantea interrogantes sobre la protección de los usuarios en caso de crisis de las empresas de salud privada.
Además, se han realizado cambios en la ley de Obras Sociales, donde se establece que estas entidades, sindicales, estatales, y de personal civil y militar, funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con autonomía jurídica, financiera y administrativa.
Otra modificación destacada es la referente a la prescripción de medicamentos por su nombre genérico. A partir de ahora, toda receta o prescripción médica deberá expresar exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional, seguido de forma farmacéutica y dosis/unidad, buscando promover el uso de medicamentos más accesibles y genéricos.
Adicionalmente, el DNU habilita la prescripción y dispensación de medicamentos a través de recetas electrónicas, utilizando plataformas autorizadas como las de teleasistencia, abriendo las puertas a nuevas formas de acceso a la atención médica y la medicación.
Este anuncio ha generado diversas opiniones entre profesionales de la salud, empresas del sector y usuarios, planteando interrogantes sobre la efectividad, la protección al usuario y el impacto económico que estas medidas puedan tener en el sistema de salud privada del país.