Tras el anuncio del Gobierno de que próximamente enviará al Congreso la nueva Ley de Salud Mental, creció en redes sociales el debate sobre los cambios que incluirá el proyecto. En ese sentido, muchos profesionales advirtieron sobre los riesgos de alterar criterios clave a partir de los cuales se definen intervenciones e internaciones.
Con el objetivo de acercarnos a quienes trabajan en la diaria con estas problemáticas, Hoy Día Córdoba habló con la especialista en salud mental Carla Andrea Pereyra, integrante de la Red de Psicólogos y Fundación Enjambre, quien planteó que el debate no debe centrarse en un retroceso normativo, sino en fortalecer el sistema. “Más allá de las críticas, es importante pensar en revisar para seguir sumando, actualizando y ampliando. Las dificultades que tiene hoy la ley no pasan por su espíritu, sino por la falta de recursos humanos y económicos que hacen que no tengamos los dispositivos adecuados para acompañar de manera integral”, sostuvo.
Uno de los puntos más sensibles es la posible redefinición del concepto de riesgo. Al respecto, Pereyra fue contundente: “El criterio de riesgo cierto e inminente es correcto. Si redefinirlo implica asociarlo a la peligrosidad, eso sería un retroceso y complicaría las intervenciones. Volveríamos a situaciones del pasado, de las cuales estamos intentando salir”.
La psicóloga advirtió que estos cambios podrían tener consecuencias directas en la vida de las personas usuarias del sistema de salud mental. “Asociar los padecimientos psíquicos a la peligrosidad puede generar más internaciones, más victimización y revictimización, y una pérdida de derechos. Implica una marcha atrás hacia la manicomialización”, señaló.
En ese sentido, recordó la larga lucha por la ley vigente, que propuso un cambio de paradigma: “Se busca descentralizar el modelo manicomial y entender la salud mental como parte de la salud integral. Eso implica equipos interdisciplinarios, no decisiones concentradas en una sola especialidad. También implica que una persona pueda ser atendida en un hospital general, sin ser estigmatizada o etiquetada como peligrosa”.
Sobre la toma de decisiones clínicas, que, de aprobarse el proyecto, correspondería mayormente a los psiquiatras, Pereyra cuestionó la idea de que recaiga exclusivamente en una especialidad: “No es adecuado que decida solo un psiquiatra. Eso concentra el poder en una sola disciplina y reduce la complejidad del abordaje. Un equipo interdisciplinario permite observar múltiples dimensiones de la vida de la persona y tomar decisiones más integrales”.
Por otra parte, Carla también subrayó que no todas las situaciones requieren internación, y explicó: “Una persona con padecimiento de salud mental no necesariamente tiene que estar internada. Incluso en casos de consumo problemático, se debe evaluar cada situación en su contexto. No se pueden tomar decisiones en base a diagnósticos previos sin considerar el presente”.
Finalmente, alertó sobre los desafíos estructurales del sistema de salud. “Los principales problemas hoy están en los hospitales generales: falta de recursos humanos, de formación, de sensibilidad y de recursos materiales para generar dispositivos adecuados. Si no se fortalecen esos aspectos, cualquier modificación legal corre el riesgo de ser regresiva”, concluyó.
El debate que se abrió a raíz del próximo proyecto del Gobierno no solo abre una discusión jurídica, sino también social y sanitaria, que involucra a muchas familias, en torno a cómo abordar la salud mental sin perder de vista los derechos y la dignidad de las personas.
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