Este viernes un jurado popular decidirá si los 13 policías acusados por el crimen y el encubrimiento de Blas Correas, quien fue asesinado en el centro de la ciudad de Córdoba en agosto de 2020, son culpables o no.
Después de varios meses de audiencia, el juicio llegará a su fin y existe la posibilidad de que los jueces de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba lean el mismo día las penas que le corresponden a cada uno de los acusados.
La Fiscalía a cargo de Fernando López Villagra, solicitó que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón reciban la pena de prisión perpetua por ser coautores de los delitos de «homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado» contra los otros cuatro ocupantes del auto.
Además los responsabilizó por la tentativa de homicidio de los otros cuatro jóvenes que iban en el vehículo y que de milagro no resultaron heridos.
Con respecto a los otros 11 policías imputados, el fiscal pidió cinco años y nueve meses de prisión para la oficial ayudante Yamila Martínez, la compañera de patrullero de Gómez y quien participó del supuesto rastrillaje en el que secuestraron el arma en el auto de los jóvenes.
También solicitó seis años de prisión para Walter Soria, Jorge Galleguillo, Sergio González y Juan Antonio Gatica; cinco años y nueve meses para Enzo Quiroga; cinco para Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Toloza y Ezequiel Agustín Vélez; y cinco años y cuatro meses para Leandro Alexis Quevedo.
Los abogados de los imputados solicitaron la absolución excepto, en el caso de Lucas Gómez, en donde manifestaron que haya una modificación en la imputación que se le concederá al sostener que «no tuvo intención de matarlo» ya que «tiró hacía bajo para que la bala pegara en la rueda».
Violencia institucional
Soledad Laciar, mamá de Blas, antes de conocerse la sentencia pidió «una sentencia justa». «No es con ánimo de revancha, sino con búsqueda de justicia y de intentar dejar al descubierto este perverso mecanismo institucionalizado y naturalizado de violencia policial en Córdoba», expresó.
Y continuó: «Uno de esos interrogantes, tal vez el más inentendible, ha sido tratar de comprender por qué razón las personas dedicadas profesionalmente a protegernos del delito asesinaron a un adolescente, sin ningún tipo de necesidad. Sin ninguna necesidad y sin ningún sentido».
Por último, Laciar remarcó que su hijo fue víctima de una seguidilla de acciones ilegales por parte de la fuerza: «A Blas no lo mataron una vez, sino muchas veces».
El joven de 18 años fue asesinado en agosto de 2020, en plena cuarentena, cuando salió con sus amigos a comer por el centro de la ciudad de Córdoba.
Cuando regresaban del encuentro, Juan Cruz Camerano Echevarría, de 21 años, conducía un Fiat Argo, junto a cuatro amigos, y cuando circulaban por la avenida Vélez Sarsfield y Romagosa se encontraron con un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad, sin embargo el auto siguió su curso y no paró.
Jucio de Blas Correas
Durante el juicio el joven conductor manifestó que no frenó ya que cuando bajó la velocidad observó que en todo momento había una persona apuntándolos con un arma y que por ese motivo decidió seguir con la marcha creyendo que eran delincuentes.
Allí fue cuando Gómez, de 37 años, y según consta en la causa y en la elevación a juicio, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto «con intención de matarlos».
En tanto, Alarcón, de 33 años, que también se encontraba en el puesto de control, efectuó dos disparos contra el vehículo en marcha «en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo».
Uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas y le produjo la muerte.
Tras ello, y con el objetivo de simular un enfrentamiento armado, los policías Alarcón y Wanda Esquivel «plantaron» un arma en las cercanías del lugar, mientras que el auto fue interceptado en la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde el joven ya se encontraba sin vida.
Antes de llegar a ese lugar, se corroboró que los amigos llevaron al adolescente al sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo.
Por este motivo hace algunas semanas se confirmó que esa causa contra el hospital fue elevada a juicio.