La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación evaluó durante el 2021 un total de 11.121 situaciones de riesgo de personas afectadas de violencia familiar, en su gran mayoría mujeres de edad adulta, adolescentes y niñas, según señaló un informe oficial.
El Centro de Información Judicial (CIJ), también dependiente de la Corte, precisó que entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2021, la OVD trató 11.121 casos de riesgo, de los cuales el 78% tuvo como víctimas a mujeres (61% adultas y 17% niñas/adolescentes) y el 22% a varones (7% adultos y 15% niños/adolescentes).
“La OVD elaboró 8.412 informes interdisciplinarios y respondió 7087 consultas informativas y/o extrajurisdiccionales” y “se recibieron dos denuncias por trata de personas con fines de explotación sexual y/o explotación de la prostitución”, consignó el CIJ.
Además, en ese lapso, hubo 16.242 derivaciones judiciales, un 99% al fuero civil en tanto que al penal fueron notificados el 87% de los casos. Durante 2021, “pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPyO), la OVD continuó garantizando la atención ininterrumpidamente” indicó y agregó que “los equipos interdisciplinarios elaboraron informes de riesgo de manera presencial y a través de un sistema remoto”.
Un comité de expertos del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral y del Cuerpo Médico Forense de la Corte “acompañó a la OVD en cada fase de la pandemia desde marzo de 2020 y el máximo tribunal proveyó insumos de prevención y protección para sus profesionales como barbijos, termómetros”.
En esta línea, la Oficina de Violencia Doméstica fue creada en 2006 por la Corte con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. En 2016, el Máximo Tribunal amplió las funciones de la Oficina y comenzó a atender casos de trata de personas con fines de explotación sexual y/o de explotación de la prostitución. En estos casos, la Corte indicó que pueden realizar denuncias las personas afectadas y también personas que tengan un vínculo familiar y/o afectivo con las personas damnificadas.