En 2014, las Unidades Judiciales (UJ) de nuestra ciudad tenían en promedio unos 15 policías comisionados para investigar los delitos que ocurrían en sus barrios. En 10 años, la caída es impactante: en la actualidad, la realidad muestra una imagen totalmente alejada de aquella situación que no siempre es expuesta con la debida seriedad por las consecuencias que acarrea.
A pesar del crecimiento imparable de los delitos contra la propiedad, los hombres de azul que son asignados para investigarlos han menguado. Para tener una dimensión de la situación basta contrastar esas cifras con la cantidad de delitos denunciados.
En 2022 hubo más de 60.000 robos y hurtos, tan sólo en esta capital y el Gran Córdoba. Para ese universo hay menos de un centenar de policías de investigación que deben chequear datos, realizar procedimientos tales como secuestros, allanamientos y detenciones. Las 24 horas, los siete días de la semana. La tarea es titánica o directamente imposible. Los comisionados policiales para la UJ de Homicidios llegaron a ser 80 hace 10 años.
Hoy son 23 “para toda la provincia de Córdoba”, subrayó una fuente consultada por el diario Perfil Córdoba. Sin un refuerzo sustancial no se pueden esperar demasiados resultados. Hay conciencia y decisión política de sumar más personal y capacitarlo.
Un policía no se convierte en comisionado de un día para el otro. Muchos fiscales (hombres y mujeres) organizan talleres para su propio personal con el objetivo de capacitarlos. Lleva tiempo y esfuerzo. De otro modo suceden episodios indeseables, como procedimientos mal entregados que anulan cualquier avance judicial.
Plan integral
El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) están trabajando en un plan integral de flagrancias. Mientras tanto, el gobierno de Martín Llaryora impulsó una ley de seguridad y sumó fiscalías para instruir con mayor agilidad las causas con delincuentes que se detectan mientras cometen los hechos y también el otro aspecto que considera acuciante, el narcotráfico. En este último ámbito, ya existe la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Para el resto se necesitarán más policías comisionados.
Además de las UJ de cada distrito, están las del Polo de la Mujer (Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual) y las de Delitos Complejos.
De nada sirve incrementar el número de fiscales, hacerlos bajar al territorio para formar equipos con las y los ayudantes fiscales, si no hay quién ejecute sus órdenes para que las investigaciones sean más que un número de expediente y puedan volcarse en resultados concretos a la ciudadanía que sufre el flagelo de la inseguridad y la delincuencia.
¿Por qué se llegó a esta situación? Hubo una decisión política trascendente después del crimen policial de Valentino Blas Correas, en agosto del 2020. El entonces gobernador, Juan Schiaretti, anunció la ampliación de ocho meses a tres años la formación de los futuros policías. Fue una política de shock. Eso ‘secó’, literalmente, la fuerza. Por tres años no hubo nuevos ingresos.
Hay que sumarle las sanciones disciplinarias que también crecieron por criterios más severos ante la mala actuación funcional y la cantidad de efectivos en tareas no operativas. Un combo perfecto para debilitar el músculo preventivo e investigativo.
En ese contexto, el cuerpo de comisionados policiales que la Jefatura autorizaba al MPF también sufrió las consecuencias de otro fenómeno indeseable: la brutal interna de la exjefa Liliana Zárate Belletti con Alejandro Mercado, por entonces jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales. El enfrentamiento hizo que Zárate Belletti le quitara a Mercado todos los recursos, afectando el funcionamiento de las UJ y la eficacia de las investigaciones de los fiscales.
Plana Mayor de la Policía
INTERNA POLICIAL. Alejandro Mercado (primero a la derecha) ganó la pulseada al ser designado subjefe de la Policía de Córdoba, tras el alejamiento de la Jefatura de Liliana Zárate Belletti.
A la postre, Mercado ganó. Con la actual gestión fue catapultado a la Subjefatura de la Policía. En el espiral de poder, quien dispone de las asignaciones de comisionados en la actualidad es el sucesor de Mercado en Investigaciones Criminales, Alberto Bietti. Tanto ellos como el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, saben de primera mano que se necesitan más efectivos en las UJ.
En diciembre del año pasado se incorporó por fin a la Policía de Córdoba la nueva camada súper formada a lo largo de tres años. Son 732 efectivos en total, de los cuales 470 están destinados a Capital. Tienen título de Técnico Superior en Actuaciones Policiales. De esa cantera se esperan nuevos refuerzos de comisionados.
¿Habrá servido aquella decisión de suspender abruptamente el ingreso de policías para sumar 28 meses más a su formación, con las consecuencias ya reseñadas? No es posible una evaluación a sólo dos meses de la primera cohorte. El tiempo lo dirá. En materias tan sensibles como la seguridad, nada es inocuo.