Avanza el proceso judicial que pondrá frente a la Corte a efectivos de la Policía de Córdoba por el crimen de Valentino Blas Correas. Estiman que entre este martes y el miércoles serán seleccionados los jurados populares que participarán en el juicio.
De este modo, a Tribunales serán citadas 50 personas, 25 hombres y 25 mujeres de las que se seleccionarán 16 personas que actuarán como 8 titulares y 8 suplentes, según detalló Gonzalo Romero, titular de la Oficina de Jurados Populares.
En este sentido, la fecha en la que comienza el juicio está prevista para el miércoles 7 de septiembre, en la Cámara Octava del Crimen. Los dos efectivos que dispararon sus armas reglamentarias esa noche son los acusados de haber participado directamente en la muerte del joven. No obstante, hay 13 imputados en la causa.
Se trata de Lucas Gómez de 35 años y Javier Alarcón de 31. Se los acusa de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”.
Cabe destacar que en 2016, Gómez ya había sido condenado por encubrimiento a un violador serial en La Calera. Sin cumplir completamente la condena, el Tribunal de Conducta Policial le permitió volver a sus funciones en patrulla.
En lo que respecta a los demás imputados, estos son uniformados integrantes de una trama delictiva urdida para ocultar el crimen. Están acusados de encubrimiento, omisión de los deberes de funcionario público y falso testimonio.
Antecedentes
El homicidio de Correas ocurrió en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio, circulaban en un auto luego de reunirse en un bar. Según la investigación, los chicos evadieron un control policial en la zona sur de la Ciudad.
Los policías dispararon varios tiros, de los cuales cuatro impactaron contra el automóvil, uno de ellos ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Blas, quien iba en la parte de atrás del vehículo y murió a causa de la herida, en tanto otro proyectil causó heridas a otro de los ocupantes del auto.
Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías «plantaron» un arma en las cercanías donde luego fue interceptado el automóvil con los chicos.
En tanto, tres empleados del sanatorio Aconcagua (Sergio Casalino Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo) fueron imputados en otra causa paralela por «abandono de persona» y «omisión de auxilio» por haberse negado a atender a la víctima cuando sus amigos lo trasladaron hasta ese centro de sald privado.