En una resolución de 162 páginas emitida hoy, el Fiscal de Instrucción del Distrito I turno 2°, Dr. Guillermo González, ordenó la prisión preventiva de siete individuos acusados de formar parte de una asociación ilícita en Córdoba.
Entre los detenidos se encuentran Julio Zarate, identificado como el líder de la organización, y otros seis individuos, identificados como miembros de esta red delictiva.
La investigación, llevada a cabo en colaboración con la Unidad Judicial de Delitos Económicos a cargo de la Dra. Carolina Carranza y Pablo Bazán junto a su equipo, reveló que esta organización criminal, en colaboración con individuos aún no identificados, presuntamente cometió una serie de delitos en perjuicio de la fe pública y la seguridad ciudadana.
Su modus operandi implicaba permitir que diversos establecimientos comerciales, incluyendo supermercados, complejos deportivos y consultorios médicos, operaran incumpliendo la normativa de higiene y seguridad estipulada en la Ley Nacional n° 19.587 y su decreto reglamentario correspondiente.
Julio Zárate, un exmiembro de los Bomberos de la policía de Córdoba, se presume como el líder de esta asociación ilícita, utilizando sus conexiones y conocimientos para facilitar las actividades del grupo.
Eduardo Rivadero, Marcos Luquez, José Gorocito, Roque Olmedo, Mario García y Félix Calama fueron acusados de desempeñar roles específicos en el entramado delictivo, desde la confección de certificados apócrifos hasta la falsificación de informes de higiene y seguridad para legitimar la operación de estos locales comerciales.
La resolución establece que la prisión preventiva tiene una duración acotada de 60 días, debido a la complejidad de la investigación y la necesidad de recabar pruebas adicionales.
El fiscal explicó que la medida se basa en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, considerando las posiciones institucionales de varios imputados dentro de la policía y los bomberos, así como el potencial riesgo de falsificación de información relevante para el caso.
Además, se destacó que, pese a los argumentos presentados por los imputados sobre arraigo, residencia fija, falta de antecedentes penales y su rol como sustento económico de sus familias, se debe mantener un equilibrio entre la medida excepcional de la prisión preventiva y el respeto a las garantías constitucionales de los acusados.
El fiscal subrayó que esta medida se concentra específicamente en la línea de investigación relacionada con los Bomberos, mientras que otras líneas de investigación continúan bajo secreto de sumario. Se espera que en este período de 60 días se reúnan los elementos de prueba necesarios para concluir esta fase de la investigación.
Es importante mencionar que la resolución aún no especifica los hechos relacionados con cada establecimiento comercial involucrado, lo que podría resultar en nuevas imputaciones tanto para los detenidos como para otras personas ajenas a esta asociación delictiva.
La trama se encuentra en desarrollo y se espera que se revelen más detalles a medida que avance la investigación.