La Unicameral sancionó la creación de la Autoridad de Cuencas, organismo dependiente de la Provincia, que tendrá a su cargo diseñar e implementar acciones para reducir, mitigar y sanear toda actividad que implique un impacto ambiental en los embalses de Córdoba y sus cuencas. La aprobación se dio con los votos afirmativos de los bloques Hacemos por Córdoba (HpC), Juntos UCR e Identidad Peronista.
El legislador Adrián Rinaudo (HpC), autor del proyecto, explicó que la normativa aprobada consiste en “la creación de un organismo descentralizado específico del Gobierno provincial, destinado a la realización de distintas acciones tendientes a prevenir la contaminación y trabajar en el saneamiento de lagos, diques, lagos y embalses de Córdoba”. Y agregó que “esta iniciativa constituye un paradigma que entendemos estratégico y esencial para la gestión hídrica integral de nuestra provincia, considerando las cuencas como unidades integrales ambientales”.
Según reza en sus fundamentos, el proyecto busca “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.
Entre las acciones que este marco promoverá se cuentan la elaboración y ejecución de planes de reducción de la huella ambiental y la generación de líneas de base ambientales, con el fin de crear indicadores para cada atributo ambiental, que definan situaciones actuales y sirvan como punto de referencia. Además, se incluye la promoción y adopción de instrumentos de mercado, por parte de los agentes económicos, y la implementación de instrumentos que contribuyan al proceso de verificación y certificación de atributos ambientales, mediante esquemas de créditos o de compensación, entre otras.
Acerca de la estructura orgánica de la Autoridad de Cuencas, quedó establecido que estará integrada por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo. También sumará una dirección técnica constituida por representantes de distintos órganos del gabinete provincial, además de un órgano consultivo permanente, de opinión no vinculante, del que participarán el sector académico y el Instituto Nacional del Agua.