En el marco de la realización de la novena marcha por el derecho a la salud mental, que partirá hoy a las 17 horas desde avenida Colón y Cañada, el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba dio a conocer un informe sobre las subejecuciones presupuestarias y el desmantelamiento del sistema de salud.
En la publicación, denominada “¿Qué pasa con la salud mental en Córdoba? A 12 años de la sanción de la Ley, 12 pendientes para la transformación”, la licenciada en Psicología e investigadora del Conicet Solana Yoma, recorre las deudas del Estado provincial con el área.
Uno de los puntos incumplidos de la ley 26.657 indica que el presupuesto en materia de salud mental debía alcanza el 10% del total de las erogaciones de salud en 2013. En Córdoba, el año pasado, según una investigación del médico especialista en Administración y Políticas Públicas Iván Ase, se ejecutó para el área un 3,88% del total de la cartera de Salud; “el más bajo desde que nosotros lo seguimos hace 20 año”, dijo Ase a Hoy Día Córdoba al respecto. En tanto, hasta mitad de este año, se había ejecutado solo una tercera parte del 4,34% destinado a salud mental.
Otro dato alarmante que destaca Yoma en el informe es que, mientras la ley nacional promueve las internaciones breves, en Córdoba, el promedio de las estadías en hospitales públicos es de 12,5 años, mientras que el general es de 8,2, con casos registrados de hasta 47 años de internación.
El cierre de hospitales monovalentes (dedicados exclusivamente a padecimientos mentales) para su reemplazo por otros dispositivos comunitarios es otra deuda en Córdoba. El plazo fijado para el cambio terminó en 2020, pero el informe sostiene que hasta hoy sobreviven cinco instituciones de este tipo.
Al respecto, la ley prevé la desconcentración gradual de recursos humanos hasta su redistribución en la red de servicios con base en la comunidad, y destaca que estas acciones no deben ir en detrimento de las personas internadas. Como opuesto a la ley, Yoma toma el “cierre abrupto e improvisado” del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad) durante este año, que significó la “interrupción de tratamientos por traslados de usuarios y profesionales sin programa asistencial alternativo” y “sin redirigir esos recursos hacia dispositivos con base en la comunidad”.
Reclaman justicia por la muerte de Ezequiel
En esta edición de la marcha también se reclamará por la muerte de Ezequiel Castro, quien falleció el 14 de junio pasado en el Hospital Misericordia de nuestra ciudad, luego de haber sido detenido el 8 de junio por la Policía de Córdoba, y trasladado al Centro Psicoasistencial (CPA), que depende de la Secretaría de Salud Mental de la Provincia, donde permaneció hasta el 12 de junio.
Su papá, Guillermo Castro, contó a Hoy Día Córdoba que Ezequiel ingresó a la terapia del Misericordia. “Tu hijo ingresó con una cantidad de golpes internos y deshidratado”, contó Guillermo que le dijeron el médico de guardia del Misericordia y la encargada de terapia intensiva.
“En la autopsia salió que tenía más de 25 golpes (…) en la cabeza, los ojos con moretones, le salía sangre por la nariz, el estómago, las piernas, las muñecas, estaba desfigurado mi hijo”.
Guillermo contó que desde el Estado nadie se comunicó con él por lo ocurrido y solo pudo contactarse con la secretaría de Salud Mental de la Provincia, María Pía Guidetti (responsable del CPA), a raíz de un encuentro en la facultad de Psicología.
Según el papá de Ezequiel, Guidetti dijo que “sabía que a su hijo lo llevaron (al Hospital Misericordia) porque tenía vómitos”. Agregó. A raíz de este hecho, desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental que organiza la marcha reclamaron la renuncia de la funcionaria.