A casi ocho años de la desaparición de Delia Gerónimo Polijo, la causa judicial continúa sin avances en la investigación sobre su paradero y mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad del Estado provincial. En ese contexto, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra difundió un comunicado en el que cuestionó la postura de la Provincia de Córdoba y renovó el reclamo de justicia para la familia de la adolescente.
Delia desapareció luego de salir del IPEM 137 de La Paz, cuando cursaba la escuela secundaria. Según sostiene su familia, ese día la joven fue autorizada a retirarse antes del horario habitual sin que sus padres fueran notificados. Como residían a unos cuatro kilómetros del establecimiento, no concurrieron a buscarla y fue durante ese trayecto cuando se perdió todo rastro de la adolescente.
Desde entonces, la familia sostiene que esa decisión adoptada por la institución educativa constituyó un incumplimiento que derivó en la desaparición de la joven y reclaman que la Provincia asuma la responsabilidad correspondiente.
De acuerdo con el comunicado difundido por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, «de esta causa no solo no hay avances ni líneas de investigación, sino que la Provincia se niega a aceptar la responsabilidad que le cabe».
La posición del Estado provincial
En el marco de la demanda civil iniciada contra las autoridades del establecimiento educativo, el procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba, Mariano Armando Andruet, solicitó el rechazo total de la acción judicial.
La postura del Estado sostiene que la desaparición de Delia fue «un hecho de un tercero» imprevisible y que ocurrió fuera del ámbito de control de la escuela.
Esa argumentación fue duramente cuestionada por la organización de derechos humanos, que calificó esa posición como inadmisible y expresó: «Peor definición no se les ocurrió», en referencia a la respuesta presentada por la Provincia ante la Justicia.
La revisión del fallo
En 2025, la jueza Sandra Cúneo condenó a la Provincia de Córdoba a pagar una indemnización de 14 millones de pesos por considerar acreditada su responsabilidad en el caso.
Sin embargo, el fallo rechazó el reconocimiento de un daño psicológico para los padres de la adolescente y descartó el pago de una indemnización adicional de cinco millones de pesos para cada uno de ellos.
Actualmente, el expediente se encuentra en revisión ante la Cámara. El vocal Facundo Gil deberá resolver, junto al tribunal, la actualización de los montos indemnizatorios y definir la naturaleza jurídica de los daños reclamados. Se espera que esa resolución sea dictada en un plazo aproximado de 60 días.
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra también cuestionó ese aspecto del fallo y manifestó su desacuerdo con la negativa a reconocer el daño psicológico sufrido por la familia. En ese sentido, planteó: «¿El Poder Judicial no tiene idea de lo que provoca la desaparición de una niña en su madre y en su padre?»
Mientras continúa la espera de una nueva resolución judicial, familiares y organizaciones de derechos humanos insisten en que el caso permanece sin respuestas sobre el destino de Delia Gerónimo Polijo y reclaman que la investigación avance para esclarecer su desaparición y determinar las responsabilidades correspondientes.
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