El juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa dará inicio hoy en los tribunales de Cruz del Eje, a poco más de dos años del suceso. El único imputado en la causa es Lucas Bustos, aunque la familia de la víctima no acompañará la acusación de la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, por considerar que la investigación está viciada por irregularidades.
El pasado 25 de abril se cumplieron dos años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte. La mujer, de 36 años, había llegado a la localidad cordobesa el 21 de marzo de 2020, dos días después de la sanción del decreto de aislamiento social obligatorio por la pandemia.
En ese marco, Mario Mainardi fue la última persona que le dio hospedaje a Cecilia, hasta el domingo 5 de abril, cuando se le perdió el rastro. Luego de tres días de ausencia, Mainardi dio aviso a sus padres en Buenos Aires, que realizaron la denuncia y allí comenzó la búsqueda policial.
El 25 de ese mismo mes, los padres de Cecilia, quienes ya estaban en Capilla, se enteraron de la aparición sin vida de su hija en las cercanías de un basural y, dos días después, las autoridades detuvieron por el crimen a Lucas Bustos, un joven de 23 años, quien, hasta la fecha, no tiene pruebas en su en contra.
Al respecto, Daniela Pavón, abogada de la familia Basaldúa, explicó que desde el primer momento se detectaron irregularidades, cuando la División de Investigaciones de Capilla del Monte no activó los protocolos de búsqueda que correspondían. “Desde la querella sabemos que el cuerpo de Cecilia no estuvo ahí todo el tiempo; al cuerpo lo pusieron”. Y agregó: “Creemos que además en este hecho no participó una sola persona”.
“La expectativa de este juicio es dejar expuestas las irregularidades de la investigación y las contradicciones de la Policía. No vamos a acompañar la acusación de la Fiscal, porque no estamos de acuerdo en acusar a alguien sin pruebas”, dijo Pavón. La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa”.
En otro orden, el Registro Nacional de Femicidios, Lesbicidios, Trans-Travesticidios, Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”, reportó que, en lo que va del 2022, se registraron en el país 134 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. De esas muertes, 88 fueron femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios.
Unas 24 son muertes violentas asociadas al género vinculadas a economías delictivas o colaterales. Entre las provincias con tasas más altas de femicidios se encuentran: La Pampa (1,6), Santiago del Estero (1,2), y Tierra del Fuego (1,1).