La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), interdictó en establecimientos de engorde de animales de nuestra provincia 2.800 toneladas de maíz y 118 toneladas de soja que no contaban con la documentación correspondiente. En total, la carga equivale a 97 camiones.
Los operativos de fiscalización se llevaron a cabo en la localidad rural de Nueva Andalucía, en el departamento de Río Primero, en el marco de controles rutinarios sobre operadores de la cadena agrocomercial. En tanto, el organismo dirigido por Carlos Castagneto también decomisó en la localidad de Piquillín 100 toneladas de soja valuadas en $ 7.000.000 que eran trasladadas en camiones sin las cartas de porte correspondientes.
Por otra parte, el fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Federico Massei solicitaron al Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba, presidido por la jueza Carolina Prado e integrado por los jueces Mario Martínez y José Quiroga Uriburu, que imponga penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para siete personas por el delito de lavado de activos asociados a la venta de granos.
Los siete acusados ya habían sido condenados en junio de 2021 por asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la actividad cerealera, por lo que, de recaer condena, se llevará a cabo la unificación de penas correspondiente. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron también el decomiso de veinte inmuebles (dos de ellos en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires) y el embargo de otras veinte propiedades para asegurar el cobro de las multas que pidieron se les aplique.
De acuerdo al alegato pronunciado el pasado miércoles, desde 2008 Fernando Cuello y su ex pareja, Natalia de los Ángeles Paulus, ya fallecida, junto con los demás imputados, conformaron una organización delictiva para cometer diversos ilícitos tributarios (evasión de IVA y Ganancias, y apropiación indebida de tributos) mediante empresas fantasma. Como consecuencia de esta actividad, los imputados lograron evadir y/o facilitar la evasión de más de $ 57.000.000, una suma que luego inyectaron en la economía formal mediante diversas maniobras.
Gonella y Massei encuadraron los delitos en la figura de lavado de activos agravado por habitualidad y por formar parte de un grupo para su comisión continuada.