En una resolución de 162 páginas, el Fiscal de Instrucción del Distrito uno turno dos, doctor Guillermo González, ordenó la prisión preventiva de siete individuos acusados de formar parte de una asociación ilícita en Córdoba. Entre los detenidos se encuentra el ex bombero Julio Zarate, identificado como el líder de la organización, y otros seis individuos, identificados como miembros de esta red delictiva.
La resolución establece que la prisión preventiva tiene una duración acotada de 60 días, debido a la complejidad de la investigación y la necesidad de recabar pruebas adicionales. Al respecto, el fiscal explicó que la medida se basa en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, considerando las posiciones institucionales de varios imputados dentro de la Policía y Bomberos, así como el potencial riesgo de falsificación de información relevante para el caso.
Además, se destacó que, pese a los argumentos presentados por los imputados sobre arraigo, residencia fija, falta de antecedentes penales y su rol como sustento económico de sus familias, se debe mantener un equilibrio entre la medida excepcional de la prisión preventiva y el respeto a las garantías constitucionales de los acusados. En tanto, el fiscal subrayó que esta medida se concentra específicamente en la línea de investigación relacionada con los bomberos, mientras que otras líneas de investigación continúan bajo secreto de sumario.
Es importante mencionar que la resolución aún no especifica los hechos relacionados con cada establecimiento comercial involucrado, lo que podría resultar en nuevas imputaciones tanto para los detenidos como para otras personas ajenas a esta asociación delictiva. La trama se encuentra en desarrollo y se espera que se revelen más detalles a medida que avance la investigación.
La investigación, llevada a cabo en colaboración con la Unidad Judicial de Delitos Económicos a cargo de la doctora Carolina Carranza y Pablo Bazán junto a su equipo, reveló que esta organización criminal, en colaboración con individuos aún no identificados, presuntamente cometió una serie de delitos en perjuicio de la fe pública y la seguridad ciudadana. Su modus operandi implicaba permitir que diversos establecimientos comerciales, incluyendo supermercados, complejos deportivos y consultorios médicos, operaran incumpliendo la normativa de higiene y seguridad estipulada en la ley nacional número 19.587.