La investigación penal por el asesinato de Mauro Darío Quinteros, el repartidor atacado a balazos al defender a dos adolescentes de un asalto en barrio Alta Córdoba, registró un avance determinante con la presentación de su familia en los tribunales.
A pesar de tratarse de una jornada sin actividad judicial habitual por conmemorarse el día del empleado judicial, Nery Valeria Quinteros y Carminia Daniela Quinteros formalizaron su pedido para ser admitidas como querellantes particulares en la causa que instruye el fiscal Iván Rodríguez.
En diálogo con este medio, el abogado Carlos Nayi, representante legal de las hermanas de la víctima, precisó que el propósito de las hermanas al incorporarse al expediente es «acompañar al fiscal de la mano para contribuir con todos los elementos de prueba que puedan servir para llegar a la verdad en términos reales y absolutos».
El planteo central de la querella apunta a modificar en forma drástica la calificación penal del hecho, pasando de la actual imputación por homicidio en ocasión de robo a la de homicidio calificado criminis causae. La representación de la familia sostiene que el disparo fatal no constituyó un hecho fortuito dentro del robo, sino una acción ejecutada con el propósito deliberado de procurar la impunidad de los asaltantes y encubrir el delito. Esta modificación resulta determinante para el futuro del caso, mientras que el homicidio en ocasión de robo establece penas de 10 a 25 años de prisión, la figura del homicidio criminis causae prevé la pena de prisión perpetua.
Al explicar el alcance del cambio de calificación legal, Nayi aclaró que el principal impacto de la eventual figura de homicidio calificado criminis causae recaería sobre el segundo sospechoso, que permanece prófugo. «Pedimos que sea calificado como homicidio criminis causae, que tiene una escala penal mucho mayor y contempla la prisión perpetua. No tanto para el detenido, sino para el otro prófugo, en caso de ser mayor de edad», explicó.
En cuanto al adolescente detenido, el abogado señaló que, aun si se modifica la calificación del delito y se determina su responsabilidad penal, el régimen penal juvenil (Ley 27.801) establece en su artículo 19 un límite máximo de 15 años de prisión.
El crimen de Mauro Darío Quinteros
El homicidio se produjo el pasado miércoles 11 de noviembre, aproximadamente a las 22:20, en la intersección de las calles Luis de Góngora y General Paz, en el barrio Alta Córdoba. En ese sector, habitual punto de parada de los trabajadores de entregas por aplicaciones, dos delincuentes en motocicleta abordaron a dos jóvenes de 14 y 16 años para robarles sus teléfonos celulares.
Al escuchar las llamadas de auxilio, Quinteros intervino para protegerlas, la respuesta del asaltante armado fue inmediata y le disparó a quemarropa en el pecho. Aunque las patrullas policiales y el servicio de emergencias llegaron con rapidez al lugar, las maniobras de reanimación no lograron salvarlo y se constató su fallecimiento casi instantáneo. Mauro Quinteros contaba con antecedentes de trabajo en el rubro gastronómico antes de volcarse al reparto por aplicación y llevaba 16 años en pareja con Verónica Álvarez.
En el frente policial y judicial, las actuaciones dirigidas por el fiscal Iván Rodríguez continúan orientadas a identificar y capturar al segundo sospechoso que huyó de la escena del crimen. Consultado sobre el estado del proceso, Nayi afirmó a este medio: «Estamos en la etapa embrionaria, vamos por muy buen camino y en las próximas horas seguramente va a haber más novedades».
Movilización
De manera paralela a las gestiones en tribunales, Nayi adelantó que los allegados y compañeros de trabajo de Quinteros preparan una movilización para exigir justicia en los próximos días.
Sin embargo, el abogado señaló que la familia mantiene su conformidad con la labor investigativa de la Policía y con las gestiones del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien a través de un mensaje directo al progenitor del menor acusado permitió agilizar pasos cruciales para el trámite judicial. Sin embargo, la familia remarcó que sostendrá su reclamo hasta que la Justicia aplique el máximo castigo previsto por la ley a todos los autores de la agresión.
