La Cámara 3ª del Crimen de Córdoba absolvió este viernes a Gustavo Omar Herrera, de 39 años, quien estaba acusado de haber asesinado a Gabriela Mónica Steffi Pérez, de 22, durante un ataque armado contra un acto del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), ocurrido en barrio Yapeyú en septiembre de 2023.
La resolución se conoció al finalizar el juicio con participación de jurados populares, que determinó la absolución de Herrera de los cargos de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y homicidio criminis causa en grado de tentativa. La Fiscalía había solicitado para el acusado la pena de prisión perpetua.
Por otra parte, Adrián Exequiel Vallejos, de 37 años, fue condenado a ocho años de prisión por su participación secundaria en el homicidio. En tanto, el hermano de la víctima recibió una pena de un año de prisión por lesiones leves y desobediencia a la autoridad, que se dio por cumplida debido al tiempo que lleva detenido bajo prisión preventiva.
El tribunal técnico, integrado por los jueces María de los Ángeles Palacios, Leandro Quijada y Gustavo Ispani, tuvo a su cargo la determinación de las penas luego de la deliberación de los jurados populares.
El ataque en medio de una disputa sindical
El crimen ocurrió el 9 de septiembre de 2023, cuando alrededor de 120 personas participaban de un almuerzo del Soelsac en el club Yapeyú. En ese contexto, un hombre abrió fuego desde el exterior del establecimiento y uno de los disparos alcanzó a Gabriela Pérez, quien se encontraba junto a su familia. La joven fue trasladada al Hospital Córdoba, donde murió horas después.
El ataque se produjo pocos días antes de las elecciones del sindicato, previstas para el 14 de septiembre de ese año, en medio de una disputa por la conducción gremial. De un lado se encontraba la dirigencia encabezada por Sergio Fittipaldi y, del otro, un sector opositor vinculado con Franco Saillén, referente del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).
Durante los alegatos, la fiscal de Cámara Laura Battistelli sostuvo que la joven fue una víctima ajena a un conflicto sindical que, según expuso, venía acompañado de amenazas, persecuciones y ataques armados desde noviembre de 2022.
La Fiscalía atribuyó a Herrera la autoría de los disparos y presentó una reconstrucción del ataque basada en registros de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas, antenas y otros elementos técnicos. Entre las pruebas expuestas se encontraba el recorrido de un Peugeot RCZ que habría sido utilizado en el hecho.
Según la reconstrucción fiscal, el vehículo circuló por las inmediaciones del club y pasó por la vivienda de Herrera, donde permaneció detenido durante unos cuatro minutos. Posteriormente, el automóvil habría regresado hacia el establecimiento con dos ocupantes y estacionado en contramano sobre calle Bailén, en un pasaje cercano al lugar del ataque.
Sin embargo, la defensa cuestionó que esos elementos permitieran identificar al acusado como el autor material del homicidio.
Los argumentos de la defensa
El abogado Sebastián Lescano, defensor de Herrera, reclamó la absolución de su representado al considerar que la investigación se apoyó en testimonios y reconocimientos que no contaban con suficiente respaldo objetivo.
El letrado cuestionó que algunas personas identificaran al acusado a partir de imágenes del ataque difundidas por los medios de comunicación y señaló que las pericias no habían permitido establecer de manera concluyente que se tratara del hombre que efectuó los disparos.
Entre sus planteos, mencionó que la pericia antropométrica detectó diferencias entre las medidas corporales de Herrera y las de la persona registrada durante el ataque. También destacó que los análisis de residuos de disparo realizados sobre la ropa secuestrada dieron resultado negativo.
A su vez, sostuvo que no se habían encontrado comunicaciones telefónicas entre Herrera y César Luis Mendoza, señalado como el conductor del Peugeot RCZ, antes, durante o después del asesinato. También remarcó que no existían filmaciones que mostraran al acusado subiendo o bajando del vehículo ni ingresando a su vivienda durante la secuencia investigada.
Según la defensa, una de las imágenes más claras de Herrera correspondientes a la jornada del crimen lo mostraba en el Hospital Córdoba, cuando acudió a visitar a su hermanastra.
Antes de conocerse la resolución, Herrera manifestó su pedido de justicia y reclamó que se esclareciera lo ocurrido. “Solo quiero que se haga justicia, que se sepa la verdad y que mi nombre y el de mi familia deje de estar en ese lugar tan horrible en el que lo están poniendo”, expresó.
Un prófugo en la causa
En representación de la querella, el abogado José Nayi había adherido al pedido de prisión perpetua para Herrera y solicitado una condena de 15 años para Vallejos. Entre sus argumentos, señaló la gravedad del ataque, ocurrido durante un encuentro familiar y barrial en el que también había niños.
Además, pidió que se investigara a integrantes de la familia de Herrera por presuntas maniobras de obstrucción de la investigación y destrucción de pruebas. Durante su exposición, también hizo referencia a la hija de Gabriela Pérez y sostuvo que necesita una respuesta sobre lo sucedido.
La causa continúa abierta respecto de César Luis Mendoza, quien permanece prófugo y sobre quien pesa una orden de captura. Su localización sigue siendo uno de los puntos pendientes de la investigación por el asesinato ocurrido en barrio Yapeyú.
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