Un grupo de agentes federales del Departamento Delitos Fiscales logró desarticular ayer una organización criminal dedicada al contrabando de réplicas de armas de guerra, granadas y diferentes elementos que suelen utilizarse para la práctica de airsoft.
El cometido fue tras una larga investigación, en donde los federales lograron establecer que los elementos eran ingresados ilegalmente al país desde Paraguay por la Triple Frontera, para posteriormente comercializarlos en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Misiones, Salta y Tucumán, a través de grupos privados de Telegram o WhatsApp.
Durante los dos años que tiene el expediente judicial, los investigadores pudieron comprobar los roles de cada uno de los integrantes de la banda, entre los que se destaca la participación de una mujer de nacionalidad paraguaya que residía en el barrio porteño de Barracas, quien era la encargada de realizar viajes periódicos a Ciudad del Este, donde compraba los dispositivos.
Con esa información y una gran cantidad de material probatorio, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado, a cargo del Miguel Ángel Guerrero, ordenó 13 allanamientos simultáneos en locales comerciales, depósitos y en los domicilios particulares de los involucrados, lográndose la detención de 10 personas y el secuestro de 207 Marcadoras de Airsoft.
Se trata de réplicas exactas en peso y tamaño de diferentes armas de fuego como pistolas, revólveres, fusiles y ametralladoras, una granada, 124 navajas, 46 cuchillos, 67 tubos de gas, gran cantidad de elementos que suelen utilizarse para la práctica de airsoft. También se confiscaron uniformes, calzados, miras láser u holográficas, cascos, chalecos, y otros accesorios tácticos militares o policiales. Además, se encontró un chaleco y un casco antibalas, sin que se pueda acreditar la procedencia de muchas de las armas y con la documentación respaldatoria vencida de otras.
Por último, cabe destacar que los detenidos -10 hombres mayores de edad- junto a los elementos secuestrados (cuyo valor de mercado supera los $ 30.000.000) quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa, caratulada como contrabando.