Un jefe de seguridad del Establecimiento Penitenciario N° 6 de Río Cuarto fue detenido en las últimas horas acusado de intentar ingresar teléfonos celulares y elementos vinculados al penal para ser entregados a la población carcelaria. El procedimiento fue confirmado por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y por el fiscal de Instrucción Pablo Jávega.
Se trata de un alcaide técnico de 37 años, quien se desempeñaba en la jefatura de seguridad de la unidad penitenciaria. En principio, quedó imputado por violación de los deberes de funcionario público, aunque no se descarta que su situación procesal pueda agravarse a medida que avance la investigación.
Según informó el SPC, el martes 4 de agosto se detectó “una conducta irregular” por parte del agente y se dispuso un operativo de control en el Sector Requisa y la sala de Body Scanner de la cárcel. Durante el procedimiento, los efectivos lograron interrumpir la maniobra e incautaron dos teléfonos celulares, cargadores y tarjetas SIM de telefonía móvil.
De acuerdo con el organismo penitenciario, los elementos secuestrados tenían como destino ingresar a la unidad para ser entregados a internos alojados en el establecimiento.
La investigación comenzó luego de que dentro del Servicio Penitenciario surgieran sospechas sobre el agente por un supuesto incremento patrimonial y gastos que no se corresponderían con sus ingresos declarados. Además, inicialmente se había evaluado la posibilidad de que pudiera estar relacionado con el ingreso de sustancias prohibidas al penal, por lo que se reforzaron los controles sobre sus movimientos.
El pasado 26 de junio, autoridades del SPC habían puesto el caso en conocimiento de una fiscalía vinculada a la lucha contra el narcotráfico ante esas sospechas. Sin embargo, durante el operativo de esta semana lo que finalmente se detectó fue el presunto intento de ingreso de teléfonos celulares.
Tras el procedimiento, intervino el Ministerio Público Fiscal de Río Cuarto y la causa quedó en manos del fiscal Pablo Jávega, quien deberá determinar las responsabilidades del funcionario penitenciario.
Además, la Subdirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria analiza las medidas administrativas correspondientes, entre ellas la posible situación pasiva y el desplazamiento del cargo que ocupaba.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el ingreso ilegal de dispositivos electrónicos a las cárceles de Córdoba. En los últimos años se investigaron maniobras similares vinculadas a los llamados “call centers tumberos”, donde internos utilizaban teléfonos ingresados de manera clandestina para organizar estafas y otros delitos desde establecimientos penitenciarios.