El fuero federal investigará la contaminación de Bajo Grande

Así lo resolvió la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, a cinco años del inicio de las discusiones sobre el ámbito judicial en que deben investigarse

El fuero federal investigará la contaminación de Bajo Grande

La causa por la contaminación de la planta cloacal de Bajo Grande a la laguna Mar Chiquita continuará en la Justicia Federal. Así lo resolvió la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, a cinco años del inicio de las discusiones sobre el ámbito judicial en que deben investigarse.

El fallo lleva la firma de la vocal del cuerpo Graciela Montesi y revoca la decisión del juez federal Hugo Vaca Narvaja, que declaró la incompetencia del fuero meses atrás, por considerar que no había interjurisdiccionalidad en la contaminación que produce la Estación Depuradora de Bajo Grande (Edar), en la ciudad de Córdoba.

Además, la sentencia deja dos recomendaciones. La primera, incluir a todos los actores en la causa: el gobierno de Córdoba, el de la provincia de Santiago del Estero y al Estado nacional. La segunda, darle celeridad al proceso que se inició en 2017 y que cinco años después sigue en su fase inicial de instrucción.

En octubre pasado, luego de dos peritajes en la laguna Mar Chiquita y en el río Suquía, Vaca Narvaja resolvió que la contaminación que emite la Edar desde la Capital no afecta a la laguna. Aunque sí advirtió que el cauce del río se encuentra impactado por las bacterias fecales y otros residuos peligrosos a lo largo de todo su curso, con efecto mayor en la desembocadura de Bajo Grande, en la Capital.

La decisión fue apelada por el Foro Ambiental Córdoba, una de las entidades que impulsó la denuncia, ya que aseguran que el pasivo ambiental que produce la planta de Bajo Grande sí afecta a Mar Chiquita, que está a punto de ser declarada parque nacional.

Asimismo, apuntaron a que hay interjurisdiccionalidad en el daño ambiental que provoca la ciudad de Córdoba. La laguna está sobre territorio cordobés y santiagueño. Por esta causa, pesa desde marzo de 2020 una imputación sobre el ex intendente Ramón Javier Mestre y ocho exfuncionarios de su gestión.

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