El fiscal Juan Pablo Klinger solicitó al Juzgado de Control que inicie una investigación contra su par de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de las sedes judiciales de Villa Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje, Raúl Ramírez. Es en el marco de la causa que investiga a la cúpula de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el interior de Córdoba por presunta asociación ilícita.
La investigación se inició por la desaparición de un cargamento de cocaína y marihuana que había sido incautado por la FPA. Fue el propio jefe de la fuerza, Adrián Salcedo, quien detectó la inconsistencia entre un inventario y la cantidad de droga que debía estar depositada al resguardo de la fiscalía y denunció el hecho.
Luego, el funcionario encontró que altos comisarios y sus subalternos utilizaban esos cargamentos incautados para pagar a informantes. Los civiles entregaban información, recibían droga y señalaban a quienes se dedicaban a la venta de estupefacientes, según el resultado de las pesquisas que organiza Klinger.
Esto derivó en la imputación del secretario de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Cruz del Eje y al ex jefe de la Brigada de Investigaciones de la FPA de Cruz del Eje, Mauricio Oyola, por el faltante de esa droga. En esa causa están imputadas y detenidas otras 10 personas por asociación ilícita en calidad de miembros, y dos de ellos por la figura de entrega de estupefacientes agravada por la calidad de funcionario público encargado de la persecución de los delitos previstos por la ley 23.737.
Pero ahora el funcionario determinó, en grado de sospecha, que Ramírez habría formado parte de ese grupo, aunque, al tener fueros por ser funcionario de la Justicia, Klinger no lo puede investigar. Por eso le requirió al juez de control que realice los procedimientos necesarios para avanzar en las actuaciones.
Klinger sospecha que su par, junto al secretario y Oyola (ambos ya imputados y en libertad) habrían tomado conocimiento de la sustracción de cantidades significativas de estupefacientes secuestrados y, pese a saberlo, habrían evitado la persecución y la penalización de este acto.
Para los investigadores, esta manera de proceder constituye un posible abuso de funciones. Sus conductas encuadrarían en los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión, encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos y abuso de autoridad.