El ex subjefe de la Policía de Córdoba, ex jefe de Bomberos y ex director de Defensa Civil municipal, Gustavo Folli Pedetta, reconoció su responsabilidad en la causa conocida como “Bomberos SA” y aceptó una condena de seis años y dos meses de prisión efectiva. El acuerdo de juicio abreviado, alcanzado ante el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo, contempla además una inhabilitación absoluta de 10 años para ejercer cargos públicos.
La resolución comprende a nueve de los diez imputados que llegaron a esta instancia, acusados de integrar una red de cobro de coimas para facilitar habilitaciones irregulares de comercios y locales nocturnos.
Entre los condenados también se encuentra el ex jefe de Bomberos Sergio Sosa, quien acordó una pena de seis años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación. El resto de los acuerdos involucra a gestores, especialistas en seguridad e higiene, ex integrantes de la Policía, comerciantes y empresarios vinculados con la presunta utilización de certificaciones falsas y maniobras de encubrimiento.
El ex empleado privado Roque Olmedo recibió tres años de prisión condicional y siete años de inhabilitación. La causa ya contaba, además, con tres condenas dictadas durante la instrucción.
El único que rechazó el juicio abreviado fue el ex comisario Julio Zárate, quien no aceptó la propuesta fiscal de seis años de prisión y afrontará un juicio oral ante la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, previsto para el 10 de noviembre.
En el debate está prevista la declaración de unos 150 testigos. Ante la falta de acuerdo, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva y promovió medidas para decomisar bienes con el objetivo de recuperar activos presuntamente vinculados con los delitos investigados.
Según la investigación encabezada por el fiscal de instrucción Guillermo González, la organización habría operado entre 2008 y 2023 y articulado cinco sectores: autoridades de Bomberos y la Policía, peritos, gestores privados, empresarios beneficiados y agentes municipales. Estos últimos habrían intervenido en la adulteración de registros informáticos para validar documentación que no cumplía los requisitos de seguridad.
Al describir la magnitud del esquema, Hidalgo lo definió como un “hipermercado de la corrupción”. Junto con las condenas, la Justicia dispuso levantar el secreto fiscal de los involucrados y activar mecanismos internacionales para rastrear posibles activos derivados de las maniobras en el exterior.