En el marco de la investigación sobre la “ruta del dinero Kraisman”, el martes la Policía realizó seis allanamientos en barrio Ampliación San Pablo, zona de la ciudad de Córdoba en donde el puntero ejercía su influencia y su poder. Uno de los procedimientos tuvo lugar en la casa de Virginia Martínez, la empleada de la Legislatura y dueña del DNI con el que Guillermo Kraisman y Luciana Castro intentaron cobrar $ 1.000.000.000 en la Banco de Córdoba.
Desde la Legislatura explicaron qué función cumplía Martínez. Sin embargo, la respuesta fue breve: dijeron que durante diciembre se la contrató como “asistente legislativa nivel tres”. Para la Justicia, la respuesta es insuficiente. Más teniendo en cuenta que a sus 37 años, el mes de trabajo en el Estado como “asistente” fue el primero en blanco de su vida. Por esta razón, enviaron otro oficio pidiendo que amplíen la información y que manden la copia del contrato.
Mientras tanto, Kraisman y Castro siguen detenidos acusados de tentativa de estafa. La sospecha principal es que intentaban retirar al menos una gran parte del primer sueldo de Martínez: habían abierto su cuenta un día antes de presentarse en el banco a cobrar con su DNI.
Entre las claves del caso, se destaca que Martínez ingresó a la Legislatura el 1º de diciembre, pero nadie pudo especificar su tarea. A los 37 años, este figura como su primer trabajo. Además, su Cuit en Anses muestra que nunca había tenido registrada otra actividad laboral ni académica.
Al llegar los primeros días de enero, le depositaron el sueldo en una cuenta del Banco de Córdoba, pero esa cuenta estaba inactiva, por lo que Kraisman y Castro fueron para activarla. A las pocas horas de que activara la cuenta de una tercera persona, se presentaron con el DNI de ella para tratar de retirar el dinero. En ese momento, surgieron las sospechas de una cajera que le dio intervención a la Policía y concluyó con la detención de Kraisman y compañía.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, fue el primer alto funcionario en referirse al escándalo. “Todas estas actitudes deben ser severamente repudiadas y sancionadas. Si nosotros tenemos la falta de aceptación social que tiene la política es por hechos como éstos. Que actúe la Justicia”, manifestó, al tiempo que agregó: “Hacen daño a todos, a la política y a la sociedad”.