Luego de la prescripción de la causa por el asesinato de Nora Dalmasso, su hijo Facundo Macarrón realizó una serie de duras críticas al sistema judicial de Córdoba y Río Cuarto, que no pudo resolver el caso en estos 15 años.
Facundo, quien en algún momento de la larga causa fue investigado, no le tembló la mano para realizar serias críticas a la Justicia, en una extensa nota que compartió en las redes y que arrancó expresando. “Ninguno de los fiscales intervinientes en la investigación buscó con seriedad ni profesionalismo al asesino de mamá”, manifestó.
Por consiguiente, acusó que toda su familia fue victimizada por los sucesivos fiscales que pasaron sin aportar un camino a la verdad: “A partir del 26 de noviembre de 2021, la causa prescribió y por esto ya no existe de ahora en más posibilidad legal alguna de perseguir y encontrar al asesino”, señaló.
Además, se refirió a su padre, único imputado en la causa que iría a juicio en 2022 y dijo que “nuestro papá, Marcelo Macarrón, quien en su momento decidió no apelar el pedido de citación a juicio porque tenía la esperanza de que el juicio se realizara rápidamente y se lo absolviera ante la falta de pruebas, y con esto se pudiera seguir otras líneas investigativas para poder descubrir al verdadero culpable, ahora resulta que queda como único rehén de la causa”, sostuvo.
La carta completa de Macarrón
El 25 de noviembre pasado se cumplieron 15 años desde que perdimos a mamá, víctima de un horrible asesinato. Desde entonces y durante estos 15 años, mucho se habló, mucho se escribió, mucho se apuntó con el dedo a nuestra familia. Pero lamentablemente, nuestro dolor es hoy mucho más grande por la impotencia que nos produce saber que en estos 15 años ninguno de los fiscales intervinientes en la investigación buscó con seriedad ni profesionalismo al asesino de mamá. Ninguno de ellos se ocupó de darnos una respuesta como familia, y menos como sociedad.
Y el pasado aniversario no era un simple aniversario más, ya que, a partir del 26 de noviembre de 2021, la causa prescribió y por esto ya no existe de ahora en más posibilidad legal alguna de perseguir y encontrar al asesino. Esto implica que nuestro papá, Marcelo Macarrón, quien en su momento decidió no apelar el pedido de citación a juicio porque tenía la esperanza de que el juicio se realizara rápidamente y se lo absolviera ante la falta de pruebas, y con esto se pudiera seguir otras líneas investigativas para poder descubrir al verdadero culpable, ahora resulta que queda como único rehén de la causa. No puedo dejar de preguntarme, y creo que tengo el derecho de hacerlo, como ciudadano, pero sobre todo como hijo de la víctima: ¿qué hicieron durante todos estos 15 años los sucesivos fiscales intervinientes? ¿Realmente se puede ser tan inepto o será que realmente nunca quisieron descubrir la verdad?
Durante estos largos quince años, además de mamá, víctima del horrendo crimen, también papá y nosotros los hijos fuimos victimizados por los sucesivos fiscales de instrucción: sea por un accionar torpe, desconsiderado y cruel, como fue el caso de las imputaciones de papá y la mía; sea por la omisión en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos, negándose a investigar la verdad a punto tal que en algunas ocasiones no se aceptaron pruebas que ofrecimos para colaborar con la justicia.
Ahora, 15 años después, no nos queda la más mínima duda de que las pésimas acciones y omisiones que tuvieron esos funcionarios judiciales, cada uno en su momento, arbitrariamente ensañados con la familia a quienes en realidad debieron proteger, fueron la causa de un fracaso investigativo que derivó hoy en la consagración de la impunidad para los verdaderos partícipes de un crimen aberrante para nosotros y para toda la sociedad.
Hoy estamos presos de la inmensa tristeza y el desánimo de haber perdido a mamá, en espantosas circunstancias, y a esa tragedia se suma que el Estado provincial, a través de quienes ejercen la función judicial, se mostró absolutamente incapaz de investigar y descubrir la verdad. Además, el Estado y la Justicia fueron atrozmente crueles con nosotros, descargando su ineptitud contra inocentes: primero fueron por mí, con tan solo 19 años; estuve imputado, investigado y señalado por el fiscal Di Santo durante más de 5 años, sin ninguna prueba o fundamento serio, sino más bien desde el prejuicio o la ignorancia, como mínimo, a punto tal que el mismo Di Santo terminó pidiendo mi sobreseimiento. Varios años más tarde, fue el turno de papá. Un nuevo fiscal interviniente, Miralles, decidió arbitrariamente imputarlo como autor del crimen. Ese fiscal fue apartado por un tribunal de apelación, por lo que la causa fue a parar a manos de un sexto fiscal, Luis Pizarro, quien días antes de que se cumplieran doce años desde la fecha del asesinato de mamá, haciendo un cambio notable del hecho que se le imputaba inicialmente a nuestro papá, lo imputó primero y lo acusó después por un algo totalmente distinto, enviando la causa a juicio en base a una acusación absurda y sin pruebas. De este modo, sin medir en lo más mínimo las terribles consecuencias para mi papá y también para nuestra familia que sobrellevamos la pérdida de un ser tan querido, ese fiscal también se burla de la sociedad que pide y quiere saber la verdad, o sea que se haga justicia.
A todo esto, me gustaría hacer público un hecho reciente y muy grave que constituye una gran injusticia, una más de las muchas que toda esta tragedia ha traído.
Después de que en septiembre de 2019 el fiscal Pizarro elevara a juicio la causa con un requerimiento absurdo y totalmente arbitrario por la falta de pruebas y de relación con la realidad, en la misma conferencia de prensa a la que convocó para dar esa noticia, el mismo fiscal manifestó que él continuaba con la investigación del hecho, diciendo, palabras más, palabras menos, que la elevación “no agotaba la investigación” y de que “continuaba investigando los partícipes y por supuesto el autor material” del hecho por el cual acusa a mi padre.
Sin embargo, luego de leer una entrevista en un medio cordobés el pasado jueves 25 de noviembre, el mismo Fiscal le dijo a la periodista que lo entrevistaba, que una vez que elevó la causa a juicio sólo continuó trabajando como fiscal de narcotráfico y que “…el remanente (de la causa Dalmasso) quedó en la fiscalía que hoy está a cargo del doctor Jávega”. Éste, al ser consultado al respecto por la misma periodista, negó haber tenido participación alguna en la investigación realizada en dicha causa.
Es decir, la única verdad es que, durante estos 2 años, 2 meses y 3 días transcurridos desde que el Fiscal Pizarro elevó la causa a juicio sin pruebas y con papá como único imputado, se desentendió de la investigación del caso haciendo posible así que se produjera la prescripción de la acción penal en favor del autor, coautores y/o cómplices del crimen de mamá. Está claro que el Fiscal Pizarro, así como los funcionarios que lo precedieron y que descargaron toda su ineptitud y crueldad sobre nosotros, son los únicos responsables de la impunidad por el crimen de mamá.
Es evidente que el fiscal Pizarro, sin abundar demasiado, reconoció no haber hecho absolutamente nada durante estos más de dos años, mintiendo respecto de que la investigación del caso correspondía al Fiscal Pablo Jávega, ya que no existe en el expediente ningún acto jurídico por el cual Pizarro se apartara por inhibición o recusación, o declarara su incompetencia, o cualquier otro acto por el cual, formalmente, quedaba a cargo del Fiscal Jávega el resto o “remanente” de la investigación. Me gustaría señalar además algo muy sugestivo. El día que solicitó la citación a juicio, Pizarro conocía muy bien que el doctor Jávega había sido designado fiscal de instrucción y que poco tiempo después se haría cargo de la fiscalía para la cual había sido designado. Además, Pizarro elevó el expediente a juicio y antes de hacerlo no sacó una fotocopia del mismo para permitir que continuara la investigación, sea ésta a su cargo o a cargo del fiscal Jávega. Para que toda la sociedad pueda comprender la gravedad de la maniobra hecha por el fiscal, buscando impedir que se continuara con la investigación del caso -al margen de la causa seguida contra mi papá que debe y será resuelta por la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Río Cuarto- me gustaría destacar que sin una fotocopia de dicho expediente, que supera las 7 mil hojas, aparte de otras pruebas, es imposible que otro fiscal, incluso Pizarro, pueda continuar con una investigación que tiene por objetivo individualizar a los supuestos restantes partícipes del crimen. El fiscal Pizarro nunca dictó una resolución mediante la cual expresara su voluntad de apartarse de continuar investigando, y si el fiscal Pizarro se hubiera apartado de seguir interviniendo en la causa, de acuerdo a la ley debió hacer conocer esa decisión a la Fiscalía General de la provincia de Córdoba, para que ésta designe el fiscal que debía continuar interviniendo en reemplazo de su persona. Nada de todo esto existe en ningún expediente judicial. Es evidente que el fiscal Jávega nunca pudo tener siquiera la posibilidad de intervenir en el resto de la investigación. Pizarro nos mintió a todos, más allá del daño que nos sigue haciendo a nosotros como familia.
Todavía más indignantes son las últimas declaraciones de Pizarro, cuando subestima no solamente a la sociedad y a la familia, sino también deshonra al Ministerio Publico Fiscal de la provincia de Córdoba al cual pertenece cuando dijo que: “Haber elevado la causa a juicio es un éxito en sí mismo. Pero lo que ocurra en el juicio es una cuestión aleatoria”. Me pregunto si el fiscal Pizarro habrá tirado una moneda al aire, librando a la suerte y el destino la decisión de llevar a papá a juicio. Creo que merecemos, como cordobeses y como argentinos, un mejor representante del servicio de justicia.
Desmanejos, adulteraciones y pérdida de pruebas clave, testigos que fueron “apretados”, imputaciones absurdas, sin sustento, actos tan exorbitantes como el insólito “viaje” del Fiscal Miralles a Uruguay, pagado por todos los cordobeses, con el fin de recolectar ilegalmente pruebas fuera del territorio de la provincia de Córdoba, y también del territorio de nuestro país, pruebas que en definitiva ningún valor tendrían ya que, tal como era previsible, fueron declaradas nulas; sin dejar de señalar que el Fiscal Miralles actuó del modo que lo hizo ignorando groseramente leyes de cooperación entre los países del Mercosur. Y ahora encima el último de los fiscales intervinientes, después de sacrificar a mi padre, mintiéndole a la sociedad y a sus propios colegas de que iba a seguir investigando, siendo que durante más de dos años no realizó ni un solo acto de investigación y dejó prescribir la causa, en lo que podría ser visto como un hecho de gravedad institucional. ¿Y cómo no va a ser así, si la Justicia personificada en los fiscales persigue y martiriza a inocentes, mientras los verdaderos culpables se esconden bajo un manto de impunidad? Impunidad que es la consecuencia de graves omisiones y errores que cometieron estos funcionarios judiciales en el transcurso de una pésima investigación.
Lo más grave: las víctimas más directas, su marido y sus hijos, no dejamos de ser puestos en el banquillo de los acusados, mancillados públicamente, sin poder hacer el duelo por la pérdida de una esposa y madre; mientras tanto, los verdaderos partícipes del crimen, seguramente sonriendo en las sombras; y los fiscales que intervinieron en la etapa investigativa, representantes de la Justicia, cuanto menos negligentes en su obrar, además del último interviniente que parece satisfecho con haberse sacado de encima una causa que ninguno de los anteriores, por errores e impericias propias, tuvo la capacidad de resolver.
No puedo dejar de llamar la atención respecto del rol de los medios de comunicación, donde no se vio en este aniversario el énfasis ni la seguridad con que muchos de ellos comunicaron cuando yo fui imputado, sin ningún resquemor en avanzar en la vida privada y la difamación del marido y de los hijos de la víctima, como si el hecho de que no habláramos en público fuera de por si una sospecha en sí misma. O incluso el rol que tuvieron en el comienzo de la investigación, cuando desde la misma Fiscalía dejaron correr rumores de lo más deshonrosos contra mamá, y ninguno se encargó de verificar las fuentes ni cuestionar la finalidad que había detrás de algo que hoy, 15 años después, sería reconocido como una flagrante violencia de género institucional. Los medios, salvando algunas excepciones, tuvieron que ver con la revictimización de mamá que en ese entonces buscó promoverse desde los Tribunales.
Este año un fiscal consagró la impunidad, y los mismos medios en su mayoría siguen arrojando dudas respecto de la inocencia de nuestra familia y específicamente de nuestro papá. Sospechan una y otra vez de él por el hecho de que a juicio de ellos no se supo manejar frente al acoso mediático (como si existiera una fórmula válida y todos aprendiéramos desde chicos a enfrentarlo), sosteniendo que ese no haber sabido es porque algo tiene que ocultar o porque es un asesino. Sin embargo, hoy, cuando el periodismo debería convertirse en vocero indignado de una sociedad que busca rendición de cuentas de parte de esos investigadores que representando a la Justicia a todas luces fracasaron, sorprendentemente se muestran silenciosos, indiferentes, y en algunos casos complacientes frente a las mentiras del fiscal Pizarro. Y en lugar de esto, con total liviandad e ignorando toda la actividad que como imputados o querellantes particulares tuvimos durante el proceso, acusan a la familia de no impulsar el esclarecimiento de la muerte de mamá, sin considerar que en un proceso penal la responsabilidad mayor en el descubrimiento de la verdad es propia de los órganos judiciales, para lo que son creados. ¿Cómo podemos pedirle justicia a quienes nos persiguieron durante 15 años, sin ningún tipo de prueba y sin mucho apego a buscar realmente la verdad?
A nuestro ver, especialmente la sociedad riocuartense ha sido indudablemente la más defraudada. La Justicia, a la que representaron, cada uno a su turno, los seis fiscales de instrucción intervinientes en el proceso penal, ha subestimado la sociedad, directa o indirectamente. Cuanto menos, ninguno de los fiscales intervinientes supo esclarecer el crimen y, en cambio, especialmente el último de ellos, se cubrió de vergüenza dejando que la acción penal prescribiera sin existir una investigación objetiva, seria y eficiente; y antes y después de esa prescripción, mintiendo públicamente en forma reiterada.
Hasta el día de hoy, tampoco conocemos si, ante las últimas noticias de la prensa sobre la incertidumbre generada por los dichos del fiscal Pizarro y las manifestaciones posteriores del fiscal Jávega, el Fiscal General dispuso que se inicie un sumario administrativo para conocer si luego del requerimiento fiscal de citación a juicio formulado contra papá, desde el 23 de septiembre de 2019 hasta el 25 de noviembre de 2021 el fiscal Pizarro o, en su caso, algún otro fiscal designado por la Fiscalía General, realizó alguna actividad investigativa que busque individualizar, siguiendo la elevación a juicio, al autor o autores material del asesinato y al cómplice o a los cómplices del mismo; y en su caso, la responsabilidad que le cabe a quien hubiera cometido tan grave omisión, la que habla nuevamente de la gravedad institucional que envuelve la triste e insoportable impunidad a la cual ha llegado esta causa.
No se dan una idea cuánto hubiéramos deseado que esta fecha nos encontrase de otra manera: haciendo un verdadero duelo por la pérdida de mamá, con la verdad a la luz y con su nombre reivindicado y el de nuestra familia limpio de las injustas sospechas que se nos hizo durante todos estos años, con los verdaderos partícipes del crimen encarcelados y con la tranquilidad para nosotros y de toda la sociedad de que se hizo justicia. Lejos de eso, esta fecha nos encuentra en las peores condiciones posibles: una Justicia cruel con los inocentes que se lava las manos hacia los criminales, que no responde ante enormes gravedades institucionales, y una prensa que antes fue voraz y difamatoria con nosotros y ahora, en muchos casos, es silenciosa e indiferente, al menos en lo que respecta a las graves irregularidades que siguen cometiendo funcionarios que la justicia. El único que parece que va a tener que sufrir, al menos la tortuosa pena de estar sentado en el banquillo de los acusados por una acusación horrible y sin ningún tipo de prueba, es papá. Y encima ahora sin la esperanza de que cuando finalmente termine el juicio, se pueda seguir investigando la verdad.
Facundo