El Ministerio Público Fiscal de la Nación imputó este miércoles a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián señalaron a la actual presidenta del tribunal, Graciela Montesi, y al vicepresidente, Abel Sánchez Torres, junto a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario por orden del juez Alejandro Sánchez Freytes, analiza delitos que van desde el abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público hasta falsedad ideológica y coacción.
El origen: Manipulación de causas y «cajoneo»
La pesquisa se originó a partir de una denuncia de la abogada y funcionaria judicial Celina Laje Anaya. Según información publicada por el sitio web de Perfil CÓRDOBA, la sospecha central recae sobre una presunta manipulación en la integración de las Salas A y B del tribunal durante mediados de 2023. Los fiscales intentan determinar si se violaron los reglamentos internos para favorecer a la cerealera Bunge en causas por evasión tributaria que involucraban a sus directivos.
Se investiga si Sánchez Torres y Montesi procuraron beneficios para la empresa mediante la circulación irregular o el ocultamiento de expedientes («cajoneo») provenientes de los juzgados federales de Río Cuarto y Villa María, evitando que el resto de las vocalías interviniera según el cauce legal correspondiente.
Denuncia por violencia y maltrato laboral
Un eje fundamental de la imputación recae sobre la figura de Abel Sánchez Torres por presuntas maniobras de hostigamiento. La denunciante refirió que, tras resistirse a órdenes irregulares sobre cómo integrar las salas, comenzó a sufrir una serie de malos tratos laborales como represalia.
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Persecución: Se habrían desplegado tácticas de hostigamiento para forzar a la funcionaria a aceptar un cambio de categoría que disminuía su salario.
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Daño a la salud: La secuencia de maltratos desembocó en cuadros de afectación física y psíquica para la trabajadora.
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Falso testimonio: En este marco, la fiscalía también detectó incongruencias en la declaración del secretario Gustavo Flores, solicitando su imputación por mentir bajo juramento durante los primeros pasos de la instrucción.
La jerarquía de los magistrados involucrados obligó al Procurador General de la Nación a designar específicamente a Turano para coadyuvar en la investigación, dada la sensibilidad política y judicial que representa un pedido de indagatoria contra los jueces que supervisan toda la jurisdicción federal de la provincia.