Desde el próximo martes 30 y hasta el viernes 2 de agosto serán indagados por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes y los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella las nueve personas acusadas por trata a través de la gestación por subrogación de vientre.
La investigación, que se lleva adelante junto a la Procuraduría de Trata de Personas, a cargo de Alejandra Mángano, se conoció en abril pasado cuando la justicia resolvió allanar a dos clínicas privadas de fertilización de la ciudad de Córdoba.
Son 14 los casos de gestación por sustitución de vientres subrogados, respecto a los cuales los fiscales acusan a integrantes de estudios jurídicos, clínicas y gabinetes psicológicos por intermediar entre matrimonios comitentes y mujeres gestantes en condiciones “extremadamente” vulnerables, que habrían sido captadas a los fines de posibilitar su vientre para gestar un niño o una niña a cambio de dinero.
Según las hipótesis, una pareja que había ido a consultar a uno de los establecimientos por dificultades para lograr un embarazo tiempo después le habría pagado a una mujer de bajos recursos para alquilarle su vientre y poder gestar al bebé por ellos.
A pedido de la fiscalía, se realizaron los allanamientos tras graves sospechas de que estas clínicas de Córdoba estarían «ofreciendo» ese servicio y, a la vez, captando a mujeres vulnerables para alquiler de vientre.
En aquella oportunidad, en declaraciones exclusivas a HOY DÍA CÓRDOBA, el fiscal Senestrari explicó: «En la medida que sean personas vulnerables que no han tenido posibilidad de elegir y que ha habido dinero de por medio, cuando eso está prohibido, consideramos que es delito de trata de personas».
«Captar personas vulnerables para ser explotadas en este caso en un servicio de alquiler de vientre tiene una prohibición de que haya cuestiones económicas de por medio más allá de cubrir los costos que podría tener esta gestación, es compatible con la figura de lavado de activos», cerró.
Ahora, habrá que ver si luego de las declaraciones de la semana próxima, el juez resuelve el procesamiento de los acusados. Mientras tanto, los fiscales ya apelaron ante la Cámara Federal la negativa del juez de dictarles la prisión preventiva. Por el momento, los sospechados están todos en libertad.
La investigación se habría iniciado con un llamado anónimo a la línea 145, habilitada para denunciar casos de trata y explotación de personas, aseguró que en la ciudad de Córdoba se estaban pagando a personas vulnerables para llevar adelante embarazos a través de clínicas de fertilización.