La Justicia de Córdoba investiga a la “fintech” (empresa financiera tecnológica) Wenance por una presunta mega estafa de alrededor de $ 88.000 millones contra miles de damnificados. Según la acusación, la empresa dejó de pagar los beneficios prometidos a sus clientes, que alcanzaban el 112% anual y, en su lugar, les propuso devolverles solamente los montos aportados en largos planes de cuotas.
“Lo que se denuncia es la probable comisión de dos delitos, en principio. Estafa, en los términos del artículo 172, y el delito de intermediación ilegal financiera no autorizada”, dijo el abogado representante de los denunciantes, Carlos Nayi. Y detalló: “Verdaderos impostores que captaron el ahorro público bajo una propuesta tentadora, un interés mensual de aproximadamente el 112% anual, equivalente a un mensual tentador y, finalmente, el incumplimiento y la desaparición de las oficinas que estaban emplazadas en el edificio de (las torres) Capitalinas en el sexto piso”.
Hasta ayer eran cuatro las denuncias en la causa que investiga la Fiscalía del distrito uno turno seis, a cargo de José Bringas. Mientras esperan más demandas, Silvana Scarpino, secretaria del fiscal, afirmó que los montos de las estafas denunciadas son variados y que el más antiguo data de hace dos años.
En tanto, el abogado Justiniano Martínez Yadarola, quien representa a varios damnificados en nuestra provincia dijo que, en promedio, sus clientes aportaron $ 5.000.000 a la financiera y agregó que “Wenance es una empresa que tomaba fondos de la gente de todo el país y prestaba a otras personas con tasas que hoy se está investigando por usura”.
Según el letrado, la financiera se manejaba 100% de manera digital y no habría nacido como una estafa. “Funcionó normalmente por mucho tiempo. Nuestra hipótesis es que en el descalce generó que esto deviniera en un (esquema piramidal) Ponzi y comenzaran a tomar dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores sin generar ningún tipo de valor en el medio”, explicó a Radio Universidad.
La versión oficial de la empresa sobre lo ocurrido es que sufrieron un “descalce”, es decir, no pudieron pagar a los inversores por morosidad de las personas que solicitaron créditos. “La empresa públicamente dijo que tiene un descalce de $ 30.000 millones”, afirmó Martínez Yadarola, que tildó como “no razonables” los dichos de la compañía.
Según el abogado, los inversores recibieron un correo electrónico que les ofrecía devolver el capital aportado en 12 cuotas sin interés con dos cuotas de compensación, o pagar el capital total a valor dólar en 12 meses.