El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) inició este martes el juicio contra el actual secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Jorge Molina Herrera, y su antecesor, Gabriel Suárez, quienes son acusados de liderar durante años una banda que habría defraudado y lavado millones de pesos del sindicato, en perjuicio de los afiliados.
Ambos gremialistas integran un grupo de nueve imputados, junto a Fernando Navarro, Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Yanina Victoria Molina (hija de Molina Herrera), Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Martín López.
Dos imputados, Oscar Fabio Guzmán y Juan Bernardo Benito Farías, fueron sobreseídos por fallecimiento. Otros acusados aceptaron probation, entre ellos Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado y Gisela Dalinda Tahan. Las próximas audiencias se realizarán el 4, 10 y 13 de noviembre.
La causa surgió tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), luego de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que detectó “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 en cuentas del sindicato.
Según la investigación, los fondos se habrían desviado mediante tres mecanismos principales: libramientos de cheques a favor del sindicato, cheques firmados a favor de personas jurídicas vinculadas a la organización y cheques entregados a empleados, jubilados o personas con irregularidades fiscales, que luego eran endosados a terceros.
De acuerdo con la acusación, Suárez, Molina Herrera y Navarro habrían liderado la asociación ilícita. “Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos desviados hacia su patrimonio o el de terceros”, señaló el juez Alejandro Sánchez Freytes al enviar el caso a juicio.
Los cheques eran cobrados por intermediarios como Fidelbo, Galván y Guzmán, quienes declararon que cumplían órdenes de los líderes sindicales y entregaban el dinero a la cúpula. Se habrían detectado montos “redondos” cobrados el mismo día o con pocos días de diferencia, en operaciones que buscaban ocultar el desvío de fondos.
Las próximas audiencias serán clave para determinar responsabilidades sobre los líderes sindicales y el manejo de los recursos del gremio.
