Once integrantes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) fueron enviados a juicio por la muerte de César Darío Moreno, un interno que falleció tras ser brutalmente golpeado y permanecer inmovilizado durante dos días en la cárcel de Bouwer, en septiembre de 2023. El caso, considerado de máxima gravedad institucional, se investiga como un hecho de tortura seguida de muerte, una figura excepcional en democracia.
Según la resolución judicial, nueve de los acusados —entre ellos guardiacárceles, un médico clínico y una psiquiatra— enfrentarán juicio por ese delito. Además, el entonces jefe del módulo donde estaba alojado Moreno será juzgado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que un enfermero penitenciario quedó imputado por omitir denunciar los hechos. La causa fue instruida por el fiscal José Mana, quien elevó el expediente tras una investigación compleja y con múltiples instancias de revisión.
Moreno tenía 50 años, no registraba antecedentes penales y atravesaba una crisis de salud mental al momento de su detención. Había sido arrestado el 16 de septiembre de 2023 tras un episodio ocurrido en una panadería de Nueva Córdoba y luego trasladado a Bouwer, donde quedó alojado en el módulo MD1. Dos días después, tras un altercado con un guardia, fue reducido por varios agentes y llevado a un área médica sin cámaras de seguridad.
De acuerdo con la acusación fiscal, en ese lugar fue sometido a una golpiza extrema y posteriormente inmovilizado con sujeciones mecánicas severas —en muñecas, tobillos, pecho y muslos— durante más de 48 horas. Durante ese lapso, siempre según la causa, no recibió atención médica adecuada, fue alimentado e hidratado de manera mínima y permaneció en condiciones degradantes. El informe forense contabilizó 66 lesiones compatibles con golpes.
Moreno murió poco después de ser liberado de las ataduras. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por un tromboembolismo pulmonar agudo, directamente vinculado a la inmovilización prolongada y los traumatismos sufridos. Para la fiscalía, existe un nexo causal directo entre el accionar del personal penitenciario y el desenlace fatal.
El expediente sostiene que los hechos no constituyen simples excesos ni apremios ilegales, sino actos deliberados de castigo, ejecutados pese a la vulnerabilidad psíquica de la víctima. La acusación remarca que la violencia no tuvo fines de seguridad ni terapéuticos, sino que respondió a una lógica de represalia.
La mayoría de los imputados permanece detenida en Bouwer, a excepción de la psiquiatra, quien cumple prisión domiciliaria. Si la calificación legal se mantiene en el debate oral, el delito de tortura seguida de muerte prevé pena de prisión perpetua.
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