El Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba dictó el procesamiento de 17 personas, entre ellas médicos, propietarios y empleados de farmacias, acusadas de integrar una asociación ilícita o de participar de la defraudación a la obra social de las y los jubilados, PAMI, con distintas maniobras como la simulación de venta de medicamentos o la falsa emisión de recetas.
La resolución fue dictada el 7 de agosto pasado, en virtud de la imputación realizada por el titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, en una causa iniciada ante la denuncia formulada por el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), Javier Arzubi Calvo.
En su resolución, el juzgado tuvo por probada la intervención de los acusados en las maniobras por las cuales fueran procesados, y estimó que el perjuicio -actualizado a la fecha- ascendió a la suma de 198.997.616,17 pesos.
La imputación del MPF señala que los hechos ocurrieron en el ámbito de actuación de la Unidad de Gestión Local III del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI.
Entre los acusados hay médicos, la secretaria de uno de ellos, propietarios de farmacias y empleados de estos comercios.
Según la investigación, la asociación ilícita tenía como fin defraudar a la obra social nacional mediante la falsa emisión de recetas a nombre de afiliados -incluida una persona fallecida-, con la simulación, en algunos casos, de operaciones de venta de medicamentos en las farmacias involucradas y, en otros, con el retiro de los medicamentos por parte de un empleado farmacéutico.
Seis imputados terminaron procesados por el delito de asociación ilícita, dos en calidad de “organizadores” y otros cuatro como “miembros”. Y todos ellos también fueron considerados autores del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, y algunos de ellos de falsificación de recetas médicas o recepción de recetas médicas falsas.
Por otro lado, el juzgado federal también procesó a once propietarios de farmacias, pero por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y recepción de recetas médicas falsas.
Entre las pruebas colectadas en la investigación efectuada por el Ministerio Público Fiscal hay intervenciones telefónicas con conversaciones entre los imputados, vinculadas a la comisión de las maniobras por las cuales fueran procesados, como también las actas de los allanamientos realizados con el secuestro en domicilios particulares de un volumen importante de medicamentos. La mayoría carecía de su respectivo troquel y no se trataba de productos gratuitos ni de muestras médicas.