Néstor Aguilar Soto fue condenado este miércoles a prisión perpetua por el femicidio de Catalina Gutiérrez, un crimen que conmocionó a la sociedad cordobesa y visibiliza la violencia de género como un fenómeno que afecta profundamente a toda la comunidad. El juicio, realizado en el Tribunal N° 11 de la ciudad de Córdoba, concluyó con la sentencia de cadena perpetua por homicidio calificado, considerando los agravantes de violencia de género y criminis causa.
El fiscal Marcelo Sicardi solicitó la pena máxima de prisión perpetua para el acusado, quien intentó desvincularse del femicidio argumentando que no era un «femicida» sino un «homicida». A lo largo del juicio, Soto mantuvo su versión de los hechos, mientras el padre de la víctima, Marcelo Gutiérrez, expresó su desprecio hacia las declaraciones del acusado, calificándolo de «mentiroso» y «psicópata».
Las palabras de Soto durante su intervención generaron una profunda indignación en la familia de Catalina, que debió afrontar el doloroso impacto de ver cómo el acusado intentaba minimizar su responsabilidad, despojando a la víctima de su humanidad y tratando de restarle gravedad al sufrimiento causado. Para los padres de Catalina, escuchar esas declaraciones fue un golpe adicional al dolor ya insoportable de la pérdida.
El caso de Catalina Gutiérrez se inscribe en la realidad de miles de mujeres víctimas de violencia de género. Si bien este juicio culminó con una sentencia que lleva a Soto a la cárcel de por vida, las repercusiones del crimen siguen resonando en un contexto donde cada femicidio es un reflejo de las estructuras de poder desiguales que persisten, alimentando un ciclo de violencia que afecta a mujeres de todas las edades y condiciones sociales.
El dolor de la familia Gutiérrez y el rechazo de la sociedad al crimen evidencian la urgencia de una respuesta integral a la violencia de género. El caso de Catalina es solo uno de los tantos que suceden en el país, poniendo de relieve la necesidad de un cambio profundo en la cultura, en la justicia y en las políticas públicas para erradicar este tipo de violencia que atraviesa todos los ámbitos de la vida social. La condena a Soto, si bien significan un paso hacia la justicia, también subraya lo lejos que aún estamos de erradicar este grave problema.
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