La Justicia revocó la prisión domiciliaria de Rodrigo Santi, ex instructor de Bomberos de Córdoba que confesó haber abusado de menores durante prácticas dentro del cuartel, luego de que se constatara que utilizaba un teléfono celular, algo que tenía expresamente prohibido.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Villa María, que ordenó su traslado al Establecimiento Penitenciario N°5 de esa ciudad, donde continuará detenido. Además, se dejó sin efecto el uso de la tobillera electrónica.
El revés judicial se produjo tras un allanamiento en la vivienda de Santi, ubicada en calle Mendoza 421, departamento B, de Villa María, que se concretó luego de que la querella solicitara habilitación de feria ante la sospecha de que el acusado mantenía comunicaciones pese a la prohibición. Durante el procedimiento, el celular fue hallado oculto en el depósito de polvo de una aspiradora, junto con el chip que utilizaba.
Fuentes judiciales confirmaron que, además del traslado, se dispuso que el Servicio Penitenciario garantice al detenido la atención médica y psicológica necesaria, de acuerdo con su estado de salud.
La investigación contra Santi se inició meses atrás, luego de que varias víctimas denunciaran abusos sufridos durante prácticas de ingreso al cuartel de Bomberos. Actualmente, el ex instructor está acusado de cinco hechos: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Santi había accedido al beneficio de prisión domiciliaria por presuntos problemas de salud mental, decisión que fue duramente cuestionada por la querella, que denunció irregularidades en el proceso y falta de controles efectivos.
El abogado de una de las víctimas, José Tomás Corigliano, señaló que el acusado no contaba inicialmente con tobillera electrónica y que podía movilizarse libremente. También cuestionó el acuerdo alcanzado en un juicio abreviado, mediante el cual Santi fue condenado a ocho años de prisión, cuando —según sostuvo— la pena debería haber sido de entre 12 y 14 años.
“Es un abusador serial y hay más víctimas, pero las causas están prescriptas”, afirmó el letrado, quien también denunció un grave conflicto ético en la causa, al señalar que uno de los abogados defensores había participado previamente en la investigación.
Santi, además de integrar el cuerpo de Bomberos, estaba a cargo de una Escuela de Capacitación de Menores y era responsable de la formación de cadetes a nivel nacional. Los hechos ocurrieron en La Playosa durante 2024 y el acusado se declaró culpable durante el proceso judicial.