Este viernes se conocieron los fundamentos de la sentencia que la Cámara Octava del Crimen, con a jurados populares, dictó el 31 de marzo pasado por el crimen de Valentino Blas Correas, de 17 años, a manos de agentes de la Policía de Córdoba.
En ese veredicto, se condenó a Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón a prisión perpetua, por haber sido considerados co-autores de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, cuando dispararon a malsalva el 6 de agosto de 2020 en un control ubicado en Avenida Vélez Sársfield, contra el Fiat Argo en el que iba el adolescente con cuatro amigos. También fueron condenados otros nueve policías por el posterior encubrimiento del crimen y por omisión de deberes de funcionario público, entre otros delitos.
El juicio se considera histórico porque el tribunal integrado por los camaristas Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, consideraron que hubo violencia institucional en contra de Blas, su familia y amigos, y además ordenó pagar sumas millonarias a las víctimas en concepto resarcitorio, además de la remisión de las actuaciones para que se investigue al ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, al exvsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad de Córdoba, Lucas Mezzano, a la jefa de la Policía Liliana Zárate de Belletti y al ex comisario Gonzalo Cumplido.
En la primer parte de los fundamentos, se describen detalladamente los delitos que se les imputaron a los 13 miembros de la policía de Córdoba, qué fue lo que hizo cada uno luego de la balacera que terminó con la vida de Blas y lo que los entonces acusados dijeron en sus distintas declaraciones indagatorias a la Justicia. Luego de la minuciosa descripción, se pueden leer los delitos que se les atribuye a cada uno, con la consecuencia condena impuesta. Además se detalla cómo votó cada camarista y cada integrante del jurado popular que tuvo a su cargo juzgar este caso emblemático de gatillo fácil.
“Demostraron un total desprecio por la vida humana. No fue que se les haya escapado un fatal disparo. Tampoco que hayan disparado una sola vez. No. Reiteradamente lo hicieron (cuatro y dos veces, respectivamente). Injustificadamente. Innecesariamente. Ilegalmente. No enfocaron sus armas hacia la tierra, lo hicieron en contra de la humanidad de los ocupantes del vehículo, evidentemente para matarlos”, se lee en el fallo.
La sentencia –que tiene 2123 página- también remarca que su “duplas”, la oficial Yamila Martínez y la agente Wanda Esquivel, “incumplieron flagrantemente con sus elementales obligaciones”, ya que debían “proceder de inmediato” en contra de los policías que habían obrado delictivamente.
Por otro lado, el tribunal explicó que en este caso concreto “sin duda alguna” hubo violencia institucional, “ya que existió una práctica estructurada de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a una fuerza policial”, que afectó a personas que estaban en una especial situación de vulnerabilidad, “precisamente generada por el propio obrar de algunos integrantes de la institución policial”.
Entre otras cosas, los magistrados puntualizaron que, “cumpliendo órdenes de funcionarios policiales superiores a identificar”, los imputados dejaron de comunicarse por la red de frecuencia policial para pasar a hacerlo por la denominada línea baja, una comunicación no oficial que “facilitó el ocultamiento de acciones funcionales reñidas con lo legal”.
Finalmente, los vocales remarcaron que la violencia institucional fue reconocida y admitida en el debate “por las máximas autoridades políticas en la materia y policiales de la Provincia: el ex Ministro de Seguridad; el ex Sub Secretario en dicho Ministerio de Seguridad; el ex Jefe de Policía; y la actual Jefa de Policía”.
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