Tras un proceso de mediación, el Juzgado Penal Juvenil de 3° Nominación sobreseyó a un joven del delito de intimidación pública que llamó al teléfono de emergencias 911 y dijo que había escuchado que iban a poner una bomba en el colegio donde cursaba sus estudios secundarios.
Si bien la inspección del lugar por parte de la Brigada de Explosivos arrojó un resultado negativo, la llamada generó alarma en la comunidad educativa y motivó la evacuación completa del establecimiento, con intervención de la Policía de Córdoba.
Una vez identificado el presunto autor del delito, el caso se derivó al Centro Judicial de Mediación.
En el proceso participaron el estudiante, que entonces tenía 17 años y cursaba el sexto año de nivel medio; su madre; autoridades de la del colegio; representantes de la Brigada de Explosivos; y las mediadoras.
Al finalizar la mediación, el joven manifestó que estaba arrepentido de su accionar y se comprometió a no repetir situaciones similares. Expresó que estaba dispuesto a pedir perdón, tanto al representante de la Brigada de Explosivos como a las autoridades de la institución.
Como medida reparadora del hecho, el joven junto con la Brigada de Explosivos, llevó a cabo una charla informativa en el colegio, titulada “El delito y sus consecuencias futuras en los adolescentes”.
En la sentencia, la jueza Ileana Benedito remarcó que la decisión de llevar a un adolescente ante el sistema de justicia “no significa que deba pasar por un proceso judicial formal”.
Asimismo, recordó que el fin primordial del derecho penal juvenil que consiste “en responsabilizar al NNA por sus acciones”, de un modo diferenciado al de los adultos.
La magistrada consideró que en este caso se había cumplido los objetivos del derecho penal juvenil, puesto que el joven se responsabilizó de su conducta y, además, “aprendió y compartió con sus pares qué es y cuáles son las consecuencias de un delito”. “En definitiva, se logró una solución reparadora y pedagógica con la intervención de distintos actores de la comunidad”, enfatizó.