El camarista Santiago Camogli dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó al exlegislador Oscar González por el choque fatal ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, y estableció que él y Alejandra Bengoa, la conductora que murió en el accidente, tuvieron un 50% de responsabilidad cada uno en la producción del siniestro.
Cómo se produjo el choque, según el juez
Según la reconstrucción judicial, Bengoa intentó sobrepasar un camión en un tramo donde esa maniobra estaba prohibida y sin contar con distancia suficiente para volver a su carril. Ante esa situación, González giró hacia la izquierda e invadió el carril contrario, donde se produjo el impacto. El magistrado consideró que el exlegislador tenía otras alternativas, como frenar o dirigirse hacia la banquina derecha, por lo que su reacción también fue una maniobra incorrecta.
«Queda claro entonces que sin el sobrepaso arriesgado de Bengoa ni la mala maniobra de esquive de González el impacto entre ambos vehículos no se producía», explicó el camarista.
El juez aclaró que esa distribución de culpas no modifica la responsabilidad penal del exlegislador, aunque sí fue considerada al momento de fijar la pena. González, de 78 años, había recibido el 20 de octubre una condena a tres años de prisión condicional, ocho años de inhabilitación para conducir y el pago de las costas del proceso, tras ser declarado culpable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en perjuicio de Bengoa, Marina Szulewicz y Alexa Miranda.
Por qué se descartó el dolo eventual
La Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores rechazó el pedido de la querella de aplicar la figura de homicidio simple por dolo eventual, y marcó diferencias con el caso Amoedo, el siniestro vial de 2021 en la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba donde sí se había acreditado esa figura. Camogli remarcó que González no conducía en zigzag, no estaba alcoholizado ni drogado, no manipulaba el celular, no excedía el límite de velocidad y no circulaba en contramano, elementos que sí estuvieron presentes en el antecedente de Amoedo.
«Aunque pudo reconocer la posibilidad abstracta que el riesgo se concrete, todo este conjunto de circunstancias me permiten deducir que siguió adelante bajo la confianza de que el hecho investigado no ocurriría, confió que el resultado que pudo representarse no se producirá», aseguró Camogli.
El magistrado también subrayó una diferencia clave con el caso Amoedo: allí nada se les reprochó a las víctimas, mientras que en este siniestro Bengoa se adelantó a un camión de manera indebida y riesgosa, convirtiéndose en un obstáculo que derivó en la maniobra de esquive fallida de González. Para el juez, se trató de un suceso trágico pero sin la connotación excepcional que justifique una pena mayor a la de otros delitos culposos por infracción a las reglas de tránsito.
Los peritos analizaron un Samsung A32 perteneciente a González y no hallaron llamadas ni conversaciones registradas durante el intervalo en que se produjo el choque, entre las 15:50 y las 15:59. También descartaron que el reinicio del dispositivo implicara una eliminación deliberada de información: aunque se registró tráfico de datos, los especialistas explicaron que ese movimiento no prueba manipulación. El juez también tuvo en cuenta que González no registra antecedentes penales computables y valoró su edad como atenuante.
La condena civil y el rol de la Provincia
El fallo no se limitó al plano penal: también condenó civilmente al Gobierno provincial, que deberá responder junto a González por las indemnizaciones a las víctimas. La clave está en la situación de la BMW que manejaba el exlegislador, un vehículo que había sido secuestrado judicialmente y luego entregado al Poder Legislativo provincial para funciones oficiales. El auto tenía colocada una patente apócrifa y había estado bajo custodia estatal, aunque González contaba con licencia vigente, autorización para conducirlo y cobertura a través del sistema provincial de resguardo automotor.
Para Camogli, tanto González como la Provincia tenían la condición de guardianes del vehículo, por lo que ambos quedaron obligados a responder civilmente frente a las víctimas, pese a que el 50% de causalidad atribuido a Bengoa. El fallo señala que las actoras pueden reclamar el total de las indemnizaciones a los condenados, sin perjuicio de que luego existan acciones de repetición entre ellos.
El monto total de las tres condenas civiles asciende a $2.010.488.249,16 en concepto de capital, sin contar los intereses correspondientes. La distribución quedó así: Alexa Miranda Gonzáles recibirá $1.625.279.401, de los cuales $1.000 millones están destinados a asistencia diaria, tratamientos, rehabilitación, nutrición, elementos ortopédicos e insumos médicos; Marina Szulewicz percibirá $353.575.089,30; y Vera Szulewicz, $31.633.758,86. El juez admitió parcialmente los reclamos civiles y distribuyó parte de las costas entre las actoras por la diferencia entre lo reclamado y lo reconocido. Las tres cuentan con beneficio de litigar sin gastos.
Críticas al desempeño de los abogados querellantes
La sentencia también cuestionó el desempeño procesal de los abogados que representaban a las querellantes particulares, a quienes el magistrado les atribuyó un desconocimiento procesal llamativo. Durante el juicio oral habían pedido el cambio de calificación legal a homicidio simple y lesiones gravísimas por dolo eventual, pero aclararon que el hecho no debía ser modificado, algo que para el juez resultaba contradictorio: de haberse aceptado ese cambio sin una nueva redacción fáctica, la condena habría quedado expuesta a una nulidad insalvable que garantizaba la impunidad del imputado. Por ese motivo, la sentencia dispuso no regular honorarios en la faz penal a esos abogados.
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