Bolivia atraviesa una crisis que combina agotamiento económico, fractura política y descomposición del sistema construido durante casi dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS). El país atraviesa la primera gran crisis del período post MAS, bajo un gobierno que llegó al poder prometiendo cerrar una etapa histórica y terminó quedando atrapado en las ruinas económicas y políticas de ese mismo ciclo. El presidente Rodrigo Paz asumió en 2025 como una figura de recambio. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y heredero indirecto de la vieja tradición política boliviana previa al ascenso del MAS, construyó una coalición centrista y tecnocrática apoyada por sectores urbanos cansados de la polarización permanente. Su victoria expresó algo bastante común al signo de lostiempos. El agotamiento simultáneo del oficialismo histórico y de una oposición incapaz de consolidar liderazgo propio.
Tras la gestión de Luis Arce, quien terminó enfrentado con Morales, hoy el presidente es Rodrigo Paz, electo en 2025 después de años de deterioro económico, desgaste institucional y guerra interna dentro del universo masista. Exalcalde de Tarija, llegó al poder como una figura moderada que prometía estabilizar la economía y cerrar el ciclo de polarización abierto desde 2019. Ganó gracias a una coalición heterogénea de clases medias urbanas, sectores anti Evo y votantes cansados de la fragmentación del MAS. Su victoria no representó una ola ideológica sino más bien una demanda de orden. El problema es que asumió justo cuando el modelo económico boliviano comenzaba a mostrar signos terminales de agotamiento.
Durante años, Bolivia sostuvo subsidios energéticos masivos, estabilidad cambiaria y expansión estatal gracias a la renta gasífera. Mientras el gas fluía hacia Brasil y Argentina, el Estado podía financiar combustible barato, contener tensiones sociales y preservar cierta estabilidad macroeconómica. Pero la caída de reservas, el descenso de exportaciones y la escasez de dólares empezaron a erosionar ese equilibrio silenciosamente. El gobierno de Paz heredó entonces una situación explosiva. Un Estado con menos capacidad financiera pero obligado a sostener subsidios enormes para evitar un estallido social. El intento de racionalizar gasto, limitar subsidios y ordenar cuentas públicas fue leído por amplios sectores populares como el inicio de un ajuste clásico. Ahí aparece el núcleo de las protestas actuales.
Transportistas, campesinos, sindicatos mineros y organizaciones sociales comenzaron a movilizarse contra el gobierno denunciando aumento del costo de vida, desabastecimiento y deterioro económico. Pero rápidamente la crisis dejó de ser solamente económica y adquirió una dimensión política mucho más profunda.Porque en paralelo reapareció Evo.
Morales conserva una capacidad territorial enorme en el Chapare y dentro de sectores cocaleros y campesinos. Aunque enfrenta investigaciones judiciales y una orden de captura impulsada por el gobierno, sigue siendo uno de los dirigentes con mayor capacidad de movilización real en Bolivia. Desde el oficialismo lo acusan de intentar desestabilizar al gobierno para recuperar centralidad política y bloquear el avance de causas judiciales en su contra. Evo, en cambio, denuncia persecución política y sostiene que el gobierno abandonó las bases populares que dieron origen al proceso boliviano iniciado en 2006.
En ese escenario el vicepresidente Edmand Lara se convirtió en otro factor de tensión. Su relación con Paz se deterioró rápidamente después de asumir. Las disputas internas dentro del oficialismo llegaron a niveles tan altos que el gobierno impulsó mecanismos para evitar transferencias automáticas de poder al vicepresidente durante viajes presidenciales. En cualquier otro país eso sería un detalle institucional menor. En Bolivia revela hasta qué punto el sistema político todavía no encuentra estabilidad después de la implosión del viejo orden masista.
Las escenas de La Paz militarizada, columnas mineras avanzando con dinamita y rutas bloqueadas en distintos departamentos muestran algo más profundo que una protesta coyuntural. Muestran el colapso de un equilibrio histórico basado en abundancia extractiva, centralidad estatal y cohesión política interna.Cuando la renta cae, las alianzas se rompen.
Cuando desaparece la renta que sostenía el equilibrio, Bolivia vuelve a parecerse a sí misma. Un país donde cada crisis económica termina convirtiéndose en una disputa por la legitimidad del Estado. Durante la década pasada gran parte de América Latina creyó que la renta extractiva podía financiar autonomía geopolítica, expansión estatal y cohesión social de manera indefinida. Bolivia fue uno de los casos más exitosos de ese experimento. Pero cuando cae la renta energética aparecen los límites estructurales. Economías poco diversificadas, dependencia de exportaciones primarias y Estados que necesitan cada vez más recursos para sostener equilibrios internos complejos.
Sin dólares suficientes, sin diversificación productiva y con un sistema político fracturado, la crisis económica rápidamente se transforma en crisis de autoridad. Por eso lo que ocurre en Bolivia importa mucho más allá de sus fronteras. No se trata solamente de protestas o de una pelea personal entre Rodrigo Paz y Evo Morales. Lo que está en juego es el final de uno de los experimentos políticos más importantes de América Latina en el siglo XXI y la dificultad de construir estabilidad duradera en economías dependientes de renta extractiva.