Interminable
Transcurría el año 2005 y en Córdoba explotaba una bomba de corruptela nunca antes vista. El Registro de la Propiedad era una especie de Chernobyl, que salpicaba fraudes en distintas direcciones, con un festival de falsificaciones (hechas desde adentro y desde afuera), y que, de la noche a la mañana, desapoderaba de sus inmuebles a un montón de legítimos propietarios.
Por supuesto, un montón de delincuentes, muchos de ellos ya condenados y otros jamás juzgados (hasta ahora y por distintos motivos) habían pergeñado cadenas de maniobras, que iban desde escrituras truchas que se confeccionaban en escribanías, hasta folios que se cambiaban en los libros del mismísimo Registro.
En septiembre del 2008, en la Cámara Décima del Crimen, se llevó adelante el primer juicio de lo que se conoce como Megacausa, y a partir de allí decenas de procesos que desembocaron en condenas a prisión efectiva para, entre otros, el ex director del Registro, Jorge Belmaña Juárez, y el conocido empresario de la construcción Jorge Petrone.
Sin embargo, fueron tantas las estafas, que hace algunos días comenzó otro juicio más. Los acusados son Jorge Alfango, Juan Carlos Fraga, Héctor López, el escribano Nelson Ravera, Judith Tartussi, Ricardo Tozzi, Jorge Wolfeld y Nicasio Bernabei. Están acusados de haber intentado apropiarse de un campo de 221 hectáreas, en Chacra de la Merced, propiedad de Vespasiani.
Lo increíble es que, a 13 años del primer juicio, la Megacausa sigue haciendo honor a su nombre. Los fraudes del Registro fueron tantos que esta causa es interminable.
Los Barrera
Juan Carlos Barrera se hizo muy conocido en el ambiente del fútbol a partir de su presidencia en el club Instituto. Por supuesto, en el ambiente empresarial ya lo era con anterioridad, como dueño de la empresa de transporte de Caudales Bacar.
Sin embargo, Barrera y sus tres hijos, Pablo Adrián, Iván Ariel y Mariano comenzaron a desfilar por Tribunales Federales en 2014, acusados de intermediación financiera no autorizada agravada.
La investigación realizada por el fiscal Senestrari fue una derivación de la causa por la desaparecida financiera CBI Cordubensis.
La defensa de los Barrera siempre marco claras diferencias con CBI, negando haber funcionado como una entidad ilegal. Dice el abogado Sebastián Becerra Ferrer que las empresas de la familia funcionaban por separado, y que la transportadora era diferente a las Cajas de Seguridad. También afirma que los prestamos tomados en su momento fueron devueltos, y el supuesto daño a los damnificados ya reparado.
Por lo pronto, el próximo lunes, en el Tribunal Federal 2 se iniciarán los alegatos en el juicio por la intermediación, que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión. Restan aún que se eleven a juicio las causas por presunta asociación ilícita; la de estafas, que posiblemente quede extinguida por el pago ya hecho; y otra más, por posible lavado de dinero, con una cuenta off shore” radicada en Panamá.
En definitiva, la pregunta que la Justicia debe resolver es si los Barrera fueron o no un clan para delinquir. Si se portaron mal, o se portaron bien.