Todo preparado
A casi 38 años de la nueva democracia, y más allá de los diferentes debates sobre el funcionamiento del sistema y sus instituciones, los argentinos acordamos mayoritariamente con la bendición de votar y elegir a nuestros representantes cada dos años. En este 2021, los comicios serán legislativos y servirán para la renovación parcial de las cámaras de Diputados y Senadores. Bien vale entonces echarle un vistazo a algunos datos que surgen de los preparativos que lleva adelante la justicia electoral.
En 1983, más de 1.600.000 cordobeses estaban habilitados para votar, con una concurrencia final de casi el 90%. El crecimiento demográfico, y la incorporación de los jóvenes de 16 y 17 años para la votación voluntaria, muestran hoy un impresionante crecimiento del padrón: 2.984.631 ciudadanos habilitados; o sea, casi el doble de aquella elección que ungió a Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación.
Claro que el actual contexto de pandemia provocará un aumento en los lugares de votación, para evitar amontonamientos de gente. En 2019, los cordobeses votamos en 1.122 escuelas. Ahora se agregarán 236, para totalizar 1.458. En ninguna escuela funcionarán más de 8 mesas, que serán 8.874 en todo el distrito provincial.
Finalmente, anticipamos que, dentro de algunos días, casi 27.000 ciudadanos serán notificados para ser las autoridades de mesa, quienes podrían cobrar $ 4.100, más un plus de $ 400 por capacitación virtual.
Como se puede apreciar, a pesar del coronavirus y a dos meses de la elección, la justicia electoral ya está en la línea de largada.
¿Hasta cuándo?
Es muy grave lo que está ocurriendo con el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, el empleado Darío «Paco» Rivarola y otros dos particulares. Todos procesados por presuntamente haber pedido una jugosísima coima de $ 2.500.000 para mejorar la situación de Pablo González, de la Cooperativa Las Cañitas de El Tío, a quien Viaut investigaba por una denuncia.
La Cámara Federal de Córdoba confirmó los procesamientos por los delitos de tráfico de influencias y concusión agravada. Además de lo denunciado por González, se suma lo que habría ocurrido con el joven José Brugnoni, oriundo de Laborde e imputado por abuso sexual. Su padre, productor agropecuario del sur provincial, le habría pagado US$ 17.000 a los intermediarios Gerardo Panero y Walter Fattore, de nexo final con Viaut, a fin de aliviar la situación procesal de su hijo, aún detenido.
En medio de indicios y pruebas claras y convincentes, se instala una vez más la sombra sobre el funcionamiento de un Poder Judicial muy cuestionado, con varios jueces y fiscales salpicados con sospechas de toda clase. Sin embargo, hay que rescatar el gran trabajo de la joven fiscal María Marta Schianni, quien promovió la investigación junto al juez Roque Rebak, de Villa María.
En una situación incomodísima, la doctora Schianni se comportó de manera ejemplar y gracias a ella la investigación sobre Viaut y sus cómplices prosperó, y no quedó cajoneada. Lo insólito es que el manchado fiscal continúe aún en funciones, como si nada pasara; seguramente el procurador Eduardo Casal está demasiado ocupado en defender a Carlos Stornelli y a otros amigos. Mientras tanto, surgen un montón de preguntas sobre Viaut y del actual funcionamiento de la Procuración. Tal vez la más urgente sea: ¿hasta cuándo…?