En la Cámara Quinta del Crimen transitan sus últimas audiencias el juicio contra Lulén Watts y su pareja, Maximiliano “Max” Caviglione, acusados de haber intentado asesinar al padre de Lulén, William Watts, durante un violento episodio ocurrido el 5 de febrero de 2025 en una vivienda de barrio Cofico.
Ambos están imputados por homicidio calificado por el vínculo y por alevosía en grado de tentativa, una de las figuras penales más graves del Código Penal. Sin embargo, detrás del expediente emerge un complejo entramado de vínculos familiares atravesados por denuncias de discriminación, violencia psicológica y una relación que, según la defensa, llevaba años fracturada.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, William y su hija habían retomado el contacto luego de un largo distanciamiento. El encuentro tenía como objetivo recuperar fotografías e información sobre la historia familiar, pero terminó en una violenta discusión.
La querella, encabezada por el abogado Mariano Viola, sostiene que los acusados planificaron el ataque: habrían colocado tramadol, un analgésico opioide, en una bebida alcohólica para desorientar a la víctima y luego intentaron asfixiarla colocándole una bolsa de nylon en la cabeza, sujetándola con una soga. Las pericias toxicológicas confirmaron la presencia del medicamento en el organismo de William.
El desenlace habría cambiado por la intervención de un vecino, quien escuchó ruidos, observó a Caviglione sobre la víctima y comenzó a gritar, frustrando el presunto homicidio.
La defensa, representada por la abogada Dania Villanueva, ofrece una versión distinta. Afirma que existió una agresión física, pero niega cualquier intención homicida y sostiene que Lulén fue durante años víctima de maltrato y violencia psicológica por parte de su padre, en un contexto marcado por la falta de aceptación de su orientación sexual primero y de su identidad de género después.
Con los alegatos cada vez más cerca, la expectativa está puesta en la postura del fiscal Marcelo Fenoll y en la decisión que finalmente adopten los jueces junto al jurado popular: determinar si existió un intento de asesinato o si los hechos deben ser encuadrados bajo una figura penal atenuada.
El juicio por el crimen de Hilda Zoia fue suspendido
La Cámara Sexta del Crimen debía iniciar este jueves el esperado juicio por el asesinato de Hilda Luisa Zoia, la mujer de 79 años hallada muerta en su casa de Oncativo el 24 de agosto de 2024. Sin embargo, el proceso quedó momentáneamente paralizado por una resolución de último momento del tribunal.
Los jueces suspendieron las audiencias previstas para el 20 y el 26 de agosto luego de que el querellante particular, Juan Mauricio Fernández, presentara un planteo de nulidad. La medida alcanza a todas las partes del proceso, incluido el trabajador rural Emilio Ezequiel Ybañez, quien había sido detenido durante la investigación y posteriormente sobreseído.
Según el decreto firmado el 19 de agosto, ahora cada una de las partes deberá expresar su posición sobre el incidente de nulidad antes de que el tribunal resuelva si el juicio puede comenzar o si corresponde adoptar otra decisión procesal.
Una investigación marcada por giros y cuestionamientos
El caso Zoia se convirtió en uno de los expedientes más controvertidos de la justicia cordobesa. Inicialmente, la muerte de la anciana fue interpretada como una posible caída doméstica debido al fuerte golpe que presentaba en la cabeza. Sin embargo, la autopsia ordenada por la fiscal Patricia Baullies determinó que había sido estrangulada, golpeada y presuntamente abusada sexualmente, además de presentar una mordedura compatible con un intento de defensa.
La investigación tuvo múltiples cambios de rumbo. Primero fue detenida Romina Ledesma, una vecina que colaboraba con la limpieza de la vivienda. Luego la fiscal ordenó su liberación y dispuso la detención de Emilio Ybañez, un trabajador golondrina santiagueño de 25 años. Horas después, Ybañez fue sobreseído y nuevamente quedaron detenidos Ledesma y su esposo, Cristian Ríos, quienes llegaron a juicio acusados del homicidio.
Las defensoras Julieta García Gómez y Agustina Trento sostienen que las pruebas de ADN obtenidas debajo de las uñas de la víctima comprometen directamente a Ybañez y anticiparon que impulsarán un jury de enjuiciamiento contra la fiscal Baullies y la jueza de Control María Licia Tulián por presunto mal desempeño y graves irregularidades en la instrucción.
Un proceso en pausa y una incógnita abierta
La suspensión no implica el cierre del juicio, pero sí posterga un debate oral que ya estaba rodeado de fuertes cuestionamientos. Ahora será la Cámara Sexta la que deberá resolver primero la validez del planteo de nulidad y definir cuándo podrá reanudarse el proceso.
El expediente mantiene una tensión similar a la que años atrás atravesó el caso Nora Dalmasso: cambios de sospechosos, decisiones judiciales contradictorias y el riesgo de que una investigación discutida termine condicionando la posibilidad de alcanzar una condena firme o de esclarecer definitivamente un crimen que conmocionó a Córdoba.
