Hace no más de 5 o 6 años irrumpió en Córdoba, y como una novedad en el mundo de las ciberestafas, el ‘phishing’ o suplantación de identidades y robo de contraseñas y códigos para ingresar a cuentas ajenas y literalmente vaciarlas. Básicamente, consistía en el uso de perfiles falsos en redes sociales como Instagram y en el envío de correos electrónicos falsos pero muy bien confeccionados a partir del cual era engañada mucha gente desprevenida, pero también ignorante de esta forma desconocida de robo. Así, en el marco de la confianza, por ejemplo con una entidad bancaria con la que las víctimas solían operar, terminaban suministrando las claves para que los delincuentes les dejaran las cuentas en cero. Recién a partir de varios casos de phishing en las principales ciudades del país las entidades bancarias decidieron implementar medidas de seguridad y una campaña de información y alerta para sus clientes.
Hace algunos días, y a instancias del fiscal del Cibercrimen de Córdoba Franco Pilnik, fueron condenados siete integrantes de una banda de alrededor de veinte delincuentes (la mayoría de ellos presos), quienes reconocieron haber engañado a una mujer bajo esta modalidad. Fueron condenados a 3 años de cárcel (que se suman a las condenas que ya están purgando), pero los delincuentes también deberán pagar una indemnización reparatoria. El juicio abreviado inicial se desarrolló en el Juzgado de Control Siete, y ahora los otros acusados que niegan la imputación serán juzgados en la Cámara Novena del Crimen.
Sin embargo, este caso tiene una particularidad, ya que la damnificada demandó al Banco Supervielle, y en abril pasado la justicia civil le dio la razón al entender que la entidad no cumplió con la debida prevención, y tampoco con las medidas de seguridad establecidas por el Banco Central de la República Argentina en relación a estas estafas. Según el juez Aquiles Villalba, el banco no tuvo en cuenta el perfil de la víctima y autorizó las transferencias fraudulentas sin una mínima verificación, facilitando de este modo las maniobras delictivas. La condena impuesta fue el pago total de lo sustraído y un resarcimiento moral por la desafortunada situación, además de la obligación de publicitar lo sucedido para que otros clientes del Supervielle tomen las debidas precauciones.
Así las cosas, y entre tantos hechos no esclarecidos o con muchas dificultades para encontrar a los estafadores, en este caso todo pudo resolverse de manera positiva. La víctima quedó muy satisfecha y los malhechores pagarán la estafa con cárcel y dinero. Como dijo Pilnik, “salió todo redondo”.