Cada 19 de octubre, la muerte de Julio Argentino Roca invita a volver sobre una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia argentina. Fallecido en Buenos Aires en 1914, el militar y dirigente tucumano no fue solamente un protagonista de su tiempo, también fue uno de los arquitectos de un modelo de país cuyos efectos políticos, económicos, culturales y territoriales todavía atraviesan el presente.
Su trayectoria quedó asociada a la consolidación del Estado nacional, la modernización de las instituciones y la incorporación de la Argentina al mercado mundial. Sin embargo, esa misma construcción se apoyó en la concentración del poder, la exclusión política y la expansión militar sobre territorios habitados por comunidades indígenas. En Roca conviven, por eso, dos dimensiones inseparables. La del gobernante que contribuyó a organizar las estructuras de la Argentina moderna y la del jefe militar que participó decisivamente en un proceso de violencia y desposesión.
Su historia no se agota en elegir entre la admiración y el rechazo. Exige comprender las ideas que defendió, las transformaciones que promovió y las consecuencias de un proyecto nacional que presentó como inevitable un determinado camino hacia el progreso.
De esta manera, recordar su trayectoria invita a preguntarse ¿cuánto de lo que una sociedad considera su pasado es memoria de los acontecimientos y cuánto es el relato que aprendió a reconocer como verdadero?
Un militar convertido en arquitecto del Estado
Nacido en Tucumán el 17 de julio de 1843, Roca desarrolló una carrera militar y política que lo llevó a ocupar la Presidencia de la Nación en dos períodos (entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904). Su ascenso coincidió con una etapa decisiva de la organización nacional, en la que el Estado buscaba consolidar su autoridad sobre el territorio, fortalecer sus instituciones y ampliar su inserción en la economía internacional.
Su lema, «Paz y administración», sintetizaba una doctrina política que privilegiaba el orden interno, la autoridad estatal y la continuidad de un programa de transformación económica.
Pero aquella paz tenía un significado particular. No suponía necesariamente una democracia amplia ni una distribución equilibrada del poder. El régimen político de la época estaba dominado por élites dirigentes, mientras que la competencia electoral se encontraba condicionada por prácticas que limitaban la participación efectiva de amplios sectores de la población. El orden que Roca defendía fue, al mismo tiempo, una condición para la expansión institucional y un mecanismo de concentración del poder.
La Conquista del Desierto
El episodio que definió buena parte de la imagen histórica de Roca fue la llamada Conquista del Desierto. En 1879, como ministro de Guerra del presidente Nicolás Avellaneda, encabezó una campaña militar destinada a extender el control estatal sobre vastos territorios de la región pampeana y la Patagonia, habitados desde mucho antes por pueblos originarios.
La operación respondía a establecer fronteras bajo autoridad nacional, ampliar las tierras disponibles para la producción agropecuaria y reforzar la soberanía estatal frente a las comunidades indígenas y las disputas territoriales. En el marco de una economía orientada cada vez más hacia la exportación, el dominio de esas tierras era también una condición para la expansión de la propiedad privada y de los grandes intereses rurales.
Sin embargo, hablar de un «desierto» suponía presentar como vacío un territorio que tenía habitantes, vínculos sociales, formas de organización política y relaciones económicas previas. Es decir, este avance militar implicó enfrentamientos, muertes, capturas, desplazamientos forzados y la desarticulación de comunidades originarias. El Museo Roca reconoce que la campaña puso fin a la soberanía indígena en amplias zonas y que el episodio continúa siendo objeto de controversia histórica y pública.
La palabra desierto merece, en este sentido, una revisión crítica. No describía una región deshabitada, sino que contribuía a construir una representación política del territorio como espacio vacío, disponible para ser ocupado y reorganizado por el Estado. Como analizan María José Melendo, Tamara Bohlmann, Gustavo Cabrera y María Celeste Belenguer en su trabajo sobre «La construcción del desierto», esa narrativa dejó huellas que persisten en las representaciones de la Patagonia y en las disputas actuales por la memoria histórica.
Así mismo, el historiador Julio Vezub, investigador del CONICET, ha señalado la importancia de contrastar fotografías, cartografía, partes militares y correspondencia indígena para reconstruir el proceso desde perspectivas más amplias. Porque mientras el Estado ampliaba sus fronteras y fortalecía su autoridad, comunidades que ya habitaban esos espacios eran despojadas de ellos. De esta manera, la consolidación territorial argentina no puede comprenderse plenamente sin reconocer esa violencia, ni la historia de esos pueblos puede reducirse a un capítulo previo a la formación de la nación.
La creación de un orden, el progreso y la doctrina de una época
La concepción política de Roca se inscribió en el pensamiento liberal y positivista que tuvo gran influencia entre las élites argentinas de fines del siglo XIX. Sus principales aspiraciones eran consolidar un Estado centralizado, garantizar el orden interno, estimular la economía y promover una sociedad que sus dirigentes identificaban con la modernización y el progreso.
En ese marco, el desarrollo de la infraestructura, la llegada de capitales extranjeros, la expansión ferroviaria, el crecimiento del comercio y la inmigración europea transformaron profundamente al país. La Argentina se integró con mayor intensidad a los mercados internacionales, especialmente mediante la producción agropecuaria, mientras las ciudades crecían y se ampliaban las actividades administrativas y comerciales.
Pero el progreso no se distribuyó de manera uniforme. La concentración de la propiedad de la tierra y de la riqueza, las condiciones de trabajo y las limitaciones de la participación política revelaban los límites de aquel modelo. El crecimiento económico podía convivir con profundas desigualdades, del mismo modo que la estabilidad institucional podía sostenerse sobre prácticas políticas excluyentes.
Roca comprendió el poder como una herramienta para ordenar y transformar la sociedad desde el Estado. Su estilo de conducción, pragmático y estratégico, se apoyó en alianzas con sectores influyentes y en la construcción de redes políticas que contribuyeron a sostener su predominio. El Partido Autonomista Nacional, del que fue una figura central, organizó buena parte de la vida política de aquellos años y consolidó un régimen en el que la sucesión presidencial estaba condicionada por acuerdos entre las élites.
Su tradición política no consistía, por tanto, únicamente en defender el liberalismo económico o la modernización institucional, también implicaba una concepción jerárquica del poder. El Estado debía dirigir el proceso de construcción nacional, pero la capacidad efectiva de decidir permanecía concentrada en una minoría.
Sin embargo, la construcción del Estado durante los gobiernos de Roca no se limitó al territorio. También se expresó en la educación, la infraestructura, la administración pública y la organización institucional. Durante su primera presidencia se promulgó, en 1884, la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria para la enseñanza primaria en su ámbito de aplicación. La norma fue una pieza fundamental en la expansión de la escuela pública y en la formación de una cultura nacional compartida.
La escuela permitió ampliar el acceso a la alfabetización y establecer una base común de conocimientos para generaciones de argentinos. Pero la educación también tuvo una dimensión política. Contribuyó a transmitir símbolos, valores e interpretaciones del pasado con los que se buscaba formar ciudadanos e integrar una sociedad atravesada por la inmigración y las diferencias regionales.
En ese punto aparece una tensión central. Una nación necesita construir referencias compartidas, pero esas referencias nunca son completamente ajenas a las decisiones del poder. Qué episodios se enseñan, qué protagonistas ocupan un lugar central y qué experiencias quedan relegadas son cuestiones que intervienen en la formación de la memoria colectiva.
Un ejemplo significativo es el libro de Arturo Marasso Rocca, El General Julio A. Roca: su influencia en la enseñanza argentina, publicado en 1915, un año después de la muerte del expresidente. Por su tema y su cercanía temporal con los acontecimientos, la obra constituye un documento útil para estudiar cómo se vinculó la figura de Roca con la educación y con la valoración de su legado. No debe tomarse, sin embargo, como una descripción neutral de toda su trayectoria, sino también como testimonio de una época y de una determinada interpretación de su importancia histórica.
Esta combinación explica una de las tensiones centrales de su legado. El país avanzó en la organización de sus instituciones, pero la ciudadanía política no se desarrolló al mismo ritmo. La estabilidad se convirtió en una prioridad que, en numerosas ocasiones, subordinó el pluralismo y la participación popular.
La tradición y la fabricación de una memoria
La imagen de Roca como fundador del Estado moderno no se construyó de una vez ni quedó fijada para siempre. Fue reforzada a lo largo del tiempo mediante discursos, conmemoraciones, monumentos y políticas de preservación histórica.
En el artículo académico Julio A. Roca y la «Conquista del desierto»: monumentalización, patrimonio y usos del pasado durante las décadas de 1930 y 1940, Facundo Cersosimo y Maíne Barbosa Lopes analizan cómo los gobiernos conservadores de aquellos años promovieron monumentos y reconocimientos patrimoniales vinculados con Roca y la campaña militar. Según los autores, estas iniciativas contribuyeron a consolidar una interpretación del pasado que presentaba aquel episodio como fundacional y a los gobiernos de la década de 1930 como continuadores de la tradición liberal de fines del siglo XIX.
El dato importa porque muestra que la memoria histórica no se transmite únicamente mediante libros escolares. También se instala en el espacio público, en los nombres de las calles, en las estatuas, en los actos oficiales y en los relatos que una sociedad repite hasta volverlos familiares. La repetición puede conferir apariencia de evidencia a una interpretación particular, aunque existan otras experiencias y documentos capaces de complejizarla.
Esto no significa que toda narración histórica sea una invención arbitraria ni que los hechos puedan reducirse a simples opiniones. Significa, más bien, que entre los acontecimientos y la imagen que una sociedad conserva de ellos intervienen selecciones, valores e intereses.
Esto, también deja abierta una pregunta ¿qué identidad nacional se buscaba transmitir y qué lugar se concedía a las culturas y memorias que no encajaban en el relato dominante? La construcción de una identidad común amplió oportunidades y creó instituciones duraderas, aunque estuvo acompañada por una tendencia a privilegiar una imagen homogénea de la nación.
Dos presidencias y una influencia que sobrevivió a su tiempo
Roca volvió a la Presidencia en 1898 y gobernó hasta 1904. Su segundo mandato transcurrió en un país más integrado a la economía mundial, con una estructura estatal más consolidada y con nuevas tensiones sociales derivadas de la urbanización, la inmigración y las condiciones laborales.
Durante esos años continuaron las transformaciones económicas y administrativas, mientras el debate sobre la cuestión social ganaba relevancia. El crecimiento de los sectores obreros, la expansión de las organizaciones sindicales y la circulación de ideas socialistas y anarquistas plantearon nuevos desafíos a un régimen que había privilegiado el orden como condición del progreso.
La respuesta estatal a esos conflictos combinó iniciativas de reforma con medidas represivas. La Ley de Residencia de 1902, sancionada durante su segunda presidencia, permitió expulsar del país a extranjeros considerados una amenaza para el orden público. Su aplicación evidenció el reverso autoritario de un modelo que promovía la inmigración como motor del desarrollo, pero restringía la permanencia de quienes eran considerados políticamente peligrosos.
La contradicción no era menor. La Argentina recibía trabajadores para sostener su expansión económica, pero una parte de sus organizaciones y reclamos era tratada como una amenaza para la estabilidad. El progreso material, una vez más, no implicaba necesariamente una ampliación equivalente de los derechos.
Roca dejó la Presidencia en 1904, aunque su influencia política no desapareció de inmediato. Su trayectoria había contribuido a definir «las reglas de funcionamiento» y a consolidar una forma de ejercer el poder en la que las relaciones entre el Estado, las élites económicas y los dirigentes políticos tenían un peso determinante.
Murió el 19 de octubre de 1914, a los 71 años. Para entonces, el orden político que había contribuido a construir comenzaba a mostrar signos de agotamiento. La Ley Sáenz Peña de 1912 había establecido el voto secreto y obligatorio para los varones argentinos comprendidos en sus disposiciones, abriendo una transformación decisiva que desembocaría en el triunfo electoral de la Unión Cívica Radical en 1916.
La Argentina que emergía ya no podía sostenerse indefinidamente sobre las mismas formas de representación y control político. El sistema que había asegurado décadas de predominio conservador debía enfrentar una sociedad más compleja y demandas crecientes de participación.
Un legado que trascendió
La figura de Roca sigue ocupando un lugar significativo en la memoria argentina. Su nombre permanece en calles, monumentos, instituciones y localidades, mientras distintas corrientes historiográficas, organizaciones indígenas y expresiones culturales cuestionan la manera en que fue celebrado durante décadas.
En General Roca, Río Negro, territorio vinculado a la expansión militar del siglo XIX y conocido por el pueblo mapuche como Fiske Menuco, estas discusiones adquieren una dimensión concreta. La disputa no se limita a juzgar a un personaje del pasado, involucra la manera en que una comunidad representa su territorio, reconoce a sus habitantes originarios y transmite su historia a las generaciones futuras.
La historia de Roca expone una paradoja de cómo se constituyó la historia de la nación argentina. Aquello que en su tiempo se presentó como condición del progreso también supuso la exclusión de quienes no encajaban en ese proyecto.
Ningún orden político se sostiene únicamente mediante leyes, ejércitos o instituciones; necesita, además, un relato capaz de otorgarle sentido y legitimidad. Con el paso de las generaciones, ese relato puede adquirir la apariencia de una verdad indiscutible. Revisar la historia entonces exige algo más que rehabilitar figuras o invertir condenas. Implica examinar cómo se construyeron las ideas de civilización, soberanía pertenencia.
Porque la imagen de una nación no solo se revela en los acontecimientos que conmemora, sino también en las experiencias y las veces que durante siglos no consideró dignas de integrar la historia oficial de su propia identidad.