En el marco de la Semana Provincial de Clubes Deportivos, realizada en el Centro de Convenciones de Córdoba, se presentó un proyecto de ley destinado a proteger los bienes esenciales de los clubes deportivos y las asociaciones civiles sociales sin fines de lucro. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Carolina Basualdo junto al gobernador Martín Llaryora, busca garantizar la continuidad de las actividades de estas instituciones y preservar su función social en las comunidades.
El proyecto fue ingresado formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación y girado a comisiones. Entre sus principales puntos, propone establecer un régimen de protección para los bienes muebles e inmuebles, las instalaciones, el equipamiento y otros activos indispensables para el funcionamiento de estas entidades. En particular, contempla la inembargabilidad de aquellos bienes afectados de manera directa y permanente al cumplimiento de su objeto social, con el propósito de evitar que una dificultad económica o judicial ponga en riesgo la continuidad de una institución.
La propuesta parte de reconocer que el patrimonio de los clubes representa mucho más que un conjunto de bienes materiales. Se trata del resultado del esfuerzo de generaciones de socios, familias, dirigentes y trabajadores que, mediante cuotas sociales, actividades solidarias y trabajo voluntario, construyeron y sostuvieron espacios fundamentales para la vida comunitaria.
En ese sentido, los datos del Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas (RENACED) permiten dimensionar su alcance. Según un informe de 2023 del Observatorio Social del Deporte, elaborado junto con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), se identificaron 11.870 clubes y entidades deportivas en Argentina, con una participación activa estimada de 4,9 millones de personas. El relevamiento contó con la colaboración de la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA).
El estudio también indicó que el 61% de las entidades identificadas son clubes pequeños con personería jurídica activa y otro 20% corresponde a clubes pequeños sin personería jurídica activa. Además, el 39,7% de quienes participan son menores de 18 años y casi tres de cada cuatro personas que concurren a estas instituciones realizan allí actividades deportivas.
A las dificultades para sostener su funcionamiento se suman los esfuerzos que deben realizar para generar recursos. Según una encuesta del Observatorio del Deporte Táctica, durante 2024 el 70% de los clubes relevados organizó actividades extraordinarias, como rifas, ferias y festivales, para afrontar sus gastos cotidianos.
Frente a este escenario, la iniciativa busca establecer herramientas jurídicas que permitan preservar espacios que cumplen funciones deportivas, recreativas, culturales y de integración social. El objetivo es evitar que las obligaciones económicas comprometan bienes indispensables para que estas instituciones continúen abiertas y al servicio de sus comunidades.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Registro Nacional de Entidades Deportivas y Sociales Protegidas. Para acceder al régimen, las instituciones deberán acreditar su personería jurídica, identificar los bienes que pretenden proteger y demostrar su vinculación directa con el objeto social, además de presentar la documentación contable y de autoridades correspondiente.
La propuesta aclara que la protección no alcanzará a la totalidad del patrimonio de las entidades. El carácter inembargable estará limitado a los bienes esenciales que cumplan con las condiciones previstas, mientras que otros bienes, créditos e ingresos podrán continuar sujetos a medidas judiciales, según corresponda.
Asimismo, contempla la simplificación de los trámites que las asociaciones civiles realizan ante organismos de la Administración Pública Nacional, con el propósito de reducir cargas burocráticas y evitar la presentación reiterada de documentación que ya se encuentra en poder del Estado. El régimen estará dirigido a asociaciones civiles deportivas y sociales sin fines de lucro, con personería jurídica, que promuevan actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales en el ámbito amateur.
Durante la presentación, Basualdo destacó la importancia de preservar el patrimonio construido colectivamente y señaló que la protección de las instalaciones esenciales también implica resguardar las oportunidades de formación, encuentro y participación que ofrecen los clubes.
“Un club no es solamente una cancha, un salón o un edificio: es una inversión colectiva que una comunidad construye durante generaciones. Allí se forman chicos, se encuentran las familias, se crean vínculos y se generan oportunidades. Cuando un club pierde sus instalaciones esenciales, no pierde solamente un inmueble: pone en riesgo una parte fundamental de la vida de todo un barrio o pueblo”, sostuvo la diputada.
La iniciativa busca reconocer el papel de estas instituciones más allá de la práctica deportiva. En sus instalaciones también se desarrollan talleres, actividades culturales, apoyo escolar, propuestas recreativas, colonias de verano y acciones solidarias que fortalecen los vínculos comunitarios.
En ese marco, Basualdo remarcó que el propósito no es desconocer las obligaciones económicas de las entidades ni impedir la intervención de la Justicia, sino establecer una protección específica para aquellos bienes que resultan indispensables para su funcionamiento.
“Defender los clubes no es solamente defender el deporte: es defender la integración social, la igualdad de oportunidades y el derecho de cada comunidad a contar con espacios de encuentro y pertenencia. Proteger los clubes es también proteger los sueños de nuestras comunidades”, concluyó.