En un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el espacio de política tributaria que dirige el economista Nadín Argañaraz, analizó el desequilibrio fiscal de Argentina entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Cambiemos.
En esos cuatro años, el déficit fiscal acumulado totaliza 112.300 millones de dólares. Y para cubrir ese rojo fiscal la administración de Mauricio Macri resolvió una estrategia de endeudamiento en mercados voluntarios de deuda. Como consecuencia, el stock de deuda en moneda extranjera mostró un crecimiento de 92.240 millones de dólares en este período.
“De cara al futuro, la reestructuración de la deuda exige superávit primario, pero las demandas sociales internas tienden a sostener el déficit primario. Los esfuerzos deberían centrarse en buscar una solución de fondo de forma sostenible en el tiempo, lo que necesita un consenso social básico”, sostiene el Iaraf en un informe dado a conocer en las últimas horas.
De acuerdo a sus datos, durante 2016 el gasto público total del Sector Público Nacional No Financiero fue de 141.642 millones de dólares. Luego de hacer un pico de 158.235 millones en 2017, se fue reduciendo hasta alcanzar los 98.260 millones de dólares este año. La primera conclusión que observa el informe es que el gasto total se redujo en unos 43.000 millones de dólares.
“Observando la dinámica del gasto entre 2016 y 2019, se puede concluir que todos los gastos primarios mostraron una reducción en los últimos cuatro años”, sostiene. No obstante, los intereses netos de deuda pública mostraron un incremento. A ello se suma que, mientras transcurre el tiempo, el stock de deuda se agranda y los intereses que el stock devenga son cada vez más abultados.
La deuda pública es la principal urgencia del nuevo gobierno
La deuda pública, que roza el 90% del Producto Bruto Interno (PBI), será “uno de los mayores y más urgentes problemas que enfrentará” el gobierno que encabezará desde el 10 de diciembre próximo Alberto Fernández, advirtió la consultora Ecolatina.
Ese porcentaje sobre el PBI incluye “obligaciones en manos del sector privado, organismos financieros internacionales y otras agencias estatales”, por lo que la nueva gestión “deberá definir rápidamente una estrategia para encarar el problema, que “difícilmente logre maximizar el crecimiento; y esperemos que logre minimizar los daños”, agregó en un informe.
Asimismo, recordó que durante el próximo mandato presidencial “vencerán alrededor de la mitad de los compromisos, a los que deberán sumarse el pago de intereses de estas deudas”, y precisó que “dentro de esos vencimientos, se incluye la devolución de buena parte del préstamo recibido del FMI que deberá pagarse -conforme al cronograma vigente- entre 2022 y 2023”.