La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto de Economía del Conocimiento, que promueve mediante incentivos fiscales, hasta el año 2029, a las empresas y emprendedores en el diseño, adaptación y desarrollo de producción software y servicios afines a las nuevas tecnologías.
La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y de los interbloques provinciales -Unidad para el Desarrollo, Federal y Movimiento Popular Neuquino-, que sumaron 133; en tanto que 88 integrantes de Juntos por el Cambio se abstuvieron.
Los dos diputados de la Izquierda, dos del PRO y Graciela Camaño, de Consenso Federal, fueron los cinco votos en contra.
El proyecto original había sido aprobado por Diputados en junio y luego modificado por el Senado, por lo que la semana pasada regresó a la Cámara baja para su sanción definitiva con la aceptación de las modificaciones introducidas al texto.
La principal diferencia entre ambas sanciones radicaba fundamentalmente en el escalonamiento de los beneficios a las empresas según su volumen, ya sean grandes, medianas o pequeñas.
«No se trata de una cuestión discriminatoria sino de administrar recursos escasos, como los fiscales, para que los mismos vayan a los que más los necesitan, y por eso se orientó esa masa de recursos en ese sentido», explicó el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos) al inicio del debate.
Por su parte, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Pablo Carro (Frente de Todos) afirmó: «No escuche ninguna Cámara que se quiera ir del país por el contenido de este proyecto. Celebro los cambios hechos por el Senado y le pido a la oposición que reconsidere su posición y acompañe este proyecto».
La diputada del PRO-Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, dijo que en el 2019 «votamos por unanimidad una ley que trabajamos con el sector privado porque hablar con el sector privado no es una mala palabra y es lo que hace cualquier país que quiere crecer porque la única vacuna contra la pobreza es crear empleo».
«En lugar de continuar con esta política lo primero que hicieron fue suspenderla, luego mandar un proyecto que reducía los beneficios y luego el Senado termina de cercenar el proyecto» y lo «hace a espaldas del sector privado porque que está detrás es una mirada antiempresa».
Su compañera de interbloque, la radical Karina Banfi, resumió: «Nosotros vamos a abstenernos por dos cuestiones: una, para acompañar en solidaridad a nuestros senadores, y a la petición del Senado, en relación a la ilegitimidad que tienen las sesiones cuando no están bajo el reglamento que corresponde. Pero también, nos abstenemos porque entendemos que la ley es muy mala.».
Por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, su presidente, el mendocino José Luis Ramon, dijo que el texto aprobado por el Senado » va a permitir que los beneficios se otorguen de manera escalonada».
«Las grandes empresas van a recibir estímulos, pero no pueden recibir lo mismo que el resto. Si tratamos a todos por igual se van todos los incentivos fiscales para los más grandes», continuó.
Por último, agregó: «Yo dije hace unos meses que esta ley era injusta porque fomentaba la concentración. Hoy estamos revirtiendo ese camino, dando más equidad y oportunidades a los emprendedores de toda la Argentina.»
A su turno, el diputado de Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, anticipó que votarían a favor del texto aprobado por la cámara alta porque «el Senado la ha revisado y de manera virtuosa la ha mejores para establecer una segmentación de beneficios fiscales a favor de las pymes».
Sin embargo, el referente del lavagnismo criticó que «hayan tocado tema que están bien resueltos como el bono transferible» y señaló que «su compromiso es trabajar con los aspectos que tienen que ser mejorados».
El peronista cordobés paulo Cassinerio se mostró «convencido de que con políticas públicas activas se puede acompañar el crecimiento del sector del conocimiento» y si bien marcó diferencias con los cambios realizados por el Senado, pidió «terminar con la incertidumbre que tiene el sector y aprobar ya la ley».
Al justificar su voto en contra, Nicolás del Caño, de la Izquierda, señaló: «Acá no se está discutiendo una ley de Economía del Conocimiento, sino una ley para la apropiación privada del conocimiento; y a la inversa de lo que se plantea, creo que tenemos que avanzar en el desarrollo del software y la creación de puestos de trabajo que tendrían que venir de la mano de un plan de desarrollo».
Los beneficios, segmentados en función del tamaño
El texto de la iniciativa establece que las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan pagado, y tendrán tiempo para utilizarlo «hasta 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales», a excepción del impuesto a las Ganancias.
Dicho bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en «zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo»; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
Por otra parte, la normativa establece que las empresas beneficiarias del sector gozarán de una reducción del impuesto a las Ganancias en un porcentaje que varía en función del tamaño.
El texto original que había girado Diputados preveía que ese beneficio de descuento de Ganancias fuera del 60% para todas las empresas, pero uno de los cambios que le hizo el Frente de Todos al proyecto en el Senado fue un esquema segmentado.
De esta manera, el 60% de descuento aplicará para las pymes y micropymes, al tiempo que la reducción será de 40% para las medianas y 20% para las más grandes.
Este fue el motivo que desencadenó el rechazo de Juntos por el Cambio, que pretendía eliminar la escala introducida en el Senado y que el descuento del 60% fuera general para todas las empresas independientemente de su tamaño.
Para acceder a los beneficios las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año está vinculada a las actividades promovidas o presentar un caso ante la autoridad de aplicación cuando no alcance ese porcentaje.
El texto de la ley define como sujetos alcanzados a la industria del software, la producción audiovisual, biotecnología, bioinformática, ingeniería genética, nanociencia, industria aeroespacial y satelital, e ingeniería nuclear, entre otras actividades.
La Cámara de Software valoró la sanción de la ley pero espera mejoras en la reglamentación
La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi) consideró hoy un paso «alentador» a la sanción de la Ley de Economía del Conocimiento aunque señaló que restan «puntos importantes que deberán ser tenidos en cuenta» a la hora de la reglamentación.
«Consideramos que tener una versión de la ley vigente es mejor que no tener ninguna legislación sobre el tema», sostuvo la Cessi.
En este sentido, tras definir como «alentador» el paso dado con la sanción de la norma, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos advirtió que «todavía hay puntos importantes que merecen atención y deberán ser tenidos en cuenta tanto en la reglamentación como en la resolución final».
Además de un comunicado de prensa, la entidad precisó que, entre esos aspectos a ser tenidos en cuenta figuran el «pleno derecho por disminución del personal promovido», y la modalidad de liquidación del impuesto a las Ganancias para las empresas que ya estaban comprendidas por la promoción de la industria del software, vigente hasta diciembre pasado.
También mencionaron que, «teniendo en cuenta que las empresas son sujetos de retención de IVA y que el bono fiscal se utiliza para pagar el mencionado impuesto, será muy importante trabajar tanto con el órgano de aplicación como con AFIP para lograr que el beneficio sea aplicable y se pueda percibir».
«De otra manera, no será aplicable esta promoción ni el beneficio del bono anteriormente mencionado», destacó la entidad.
En un contexto en el que 40% de los habitantes están en situación de pobreza, la industria del software es uno de los grandes dinamizadores de la economía, ya que ofrece pleno empleo, registrado y con oportunidades de desarrollo profesional», remarcó el titular de la cámara, Sergio Candelo.