El acceso gratuito a los medicamentos sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años. El Gobierno nacional redujo progresivamente la provisión del programa Remediar, destinado a abastecer a los centros de salud públicos, y modificó las condiciones de cobertura del Programa de Atención Médica Integral (Pami). Los cambios dejaron menos tratamientos dentro de los mecanismos nacionales de asistencia y aumentaron el peso de los gastos farmacéuticos sobre las familias y las provincias.
El recorte más reciente se formalizó el 15 de octubre de 2026, cuando el Ministerio de Salud derogó el listado de 128 medicamentos esenciales que regía desde 2021 y aprobó uno nuevo, limitado a seis principios activos para la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. Entre los productos que quedaron afuera se encuentran medicamentos de uso extendido para la diabetes, el hipotiroidismo, el asma y distintas infecciones.
Los datos surgen del informe Ajuste en medicamentos: el caso del Programa Remediar, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), el Centro de Estudios Personas Mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (Algec), con información actualizada a octubre de 2026.
Qué medicamentos dejaron de figurar en Remediar
La Resolución 1447/2026 derogó el listado anterior y aprobó una nómina nacional orientada exclusivamente a enfermedades cardiovasculares. Los seis principios activos incluidos son ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
En consecuencia, dejaron de integrar el listado nacional anterior numerosos productos destinados a otras patologías. Entre los principales se encuentran:
Medicamentos excluidos del listado anterior y sus usos:
- Metformina: tratamiento de primera línea para la diabetes tipo 2.
- Levotiroxina: tratamiento del hipotiroidismo, que requiere medicación crónica.
- Salbutamol: broncodilatador de rescate utilizado en personas con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Amoxicilina y cefalexina: antibióticos indicados para distintas infecciones, entre ellas respiratorias, otitis y faringitis.
- Sulfato ferroso: suplemento de hierro utilizado para prevenir y tratar la anemia.
- Ácido fólico: fundamental durante el embarazo y para prevenir determinadas deficiencias nutricionales.
- Fluconazol: antimicótico empleado para tratar infecciones por hongos, como la candidiasis.
- Loratadina: antihistamínico utilizado para tratar alergias, rinitis y urticaria.
- Anticonceptivos farmacológicos: utilizados para la anticoncepción y la planificación reproductiva.
La exclusión también comprende otros antibióticos y presentaciones pediátricas que formaban parte de la canasta anterior. Esto afecta especialmente a quienes dependen de los centros de atención primaria para acceder a tratamientos gratuitos.
El impacto potencial alcanza a millones de personas. El informe estima que unos 4,3 millones de personas presentan glucemia elevada o diabetes, mientras que entre 2 y 2,5 millones padecen Epoc. También señala que más del 6% de los adultos jóvenes tiene asma. Los datos son estimaciones poblacionales citadas por el Cepa a partir de fuentes sanitarias.
Aunque la resolución no prohíbe a las provincias adquirir los productos excluidos, la reducción de la lista nacional limita el alcance de las compras y la distribución centralizada. Por lo tanto, la continuidad de esos tratamientos dependerá de las decisiones y los recursos de cada jurisdicción.
Menos tratamientos y centros abastecidos
Creado en 2002, Remediar fue diseñado para garantizar medicamentos gratuitos a quienes se atienden en el sistema público. Funcionaba mediante botiquines distribuidos a los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps). En su etapa de mayor alcance llegó a unos 8.100 establecimientos y, según datos del Ministerio de Salud citados por el informe, alcanzaba a 19 millones de personas.
La reducción comenzó en 2024. Los botiquines, que contenían alrededor de 75 productos, pasaron a unos 30 durante el primer semestre de 2026 y quedaron en 22 o 23 desde julio.
La cantidad de tratamientos dispensados también cayó: pasó de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una disminución del 62%. En paralelo, los centros abastecidos se redujeron a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026.
La caída también se registró en las provincias. Entre 2024 y 2025, Chaco tuvo una reducción del 72,4% en los tratamientos dispensados; Salta, del 70%; Mendoza, del 64,5%; y Córdoba, del 31,3%.
En materia presupuestaria, el crédito asignado a Remediar para 2026 asciende a $36.054 millones. Según el cálculo del Cepa, representa una caída real del 72% respecto de los fondos ejecutados en 2023.
El cambio también obliga a las jurisdicciones a reforzar sus compras. Santa Fe presupuestó $17.675 millones para adquirir 195 productos durante 2026, mientras que Misiones estimó que necesitaría unos $800 millones adicionales para reponer los medicamentos que dejó de recibir de Nación.
Pami: los medicamentos aumentaron 638%
El ajuste no se limitó a los centros de salud. El Pami, que brinda cobertura a más de 5,3 millones de personas, también modificó progresivamente sus prestaciones farmacéuticas desde 2024.
En abril de ese año, la cantidad de medicamentos gratuitos por afiliado pasó de seis a cinco. En junio se excluyeron 11 moléculas de la cobertura del 100% y, en agosto, otras 44, entre antibióticos, corticoides y analgésicos. Para parte de esos productos se estableció un descuento del 40% bajo la categoría de uso eventual.
Además, la Resolución 2431/2024 endureció los requisitos para acceder al subsidio social que permite obtener medicamentos sin cargo. Entre las condiciones se establecieron ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos, no contar con medicina prepaga, no poseer más de un inmueble y no tener vehículos con menos de diez años de antigüedad.
El impacto se refleja en la evolución de los precios. Según el Cepa, entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron un 404% en sus precios de venta al público. Sin embargo, los valores que efectivamente pagan los afiliados con cobertura de Pami subieron alrededor de un 638%.
La diferencia resulta significativa frente a la evolución de los ingresos. En el mismo período, la inflación acumulada fue del 351%, mientras que la jubilación mínima con bono aumentó aproximadamente un 306%, hasta alcanzar los $505.749 en octubre de 2026.
Algunos productos registraron incrementos todavía mayores: el Micardis, utilizado para tratar la hipertensión arterial, aumentó un 850%; el Optamox, un antibiótico a base de amoxicilina, un 844%; y el Atlansil, indicado para trastornos del ritmo cardíaco, un 600%.
El relevamiento también calcula que el ahorro mensual que representaba la cobertura gratuita, estimado en $84.988 en diciembre de 2024, equivale a unos $138.500 a octubre de 2026. Ese monto representa aproximadamente el 27% de una jubilación mínima con bono.
Recortes en el presupuesto sanitario
A las modificaciones de Remediar y Pami se sumó una reducción de los recursos generales del Ministerio de Salud. En mayo de 2026, la Decisión Administrativa 20/2026 recortó más de $63.000 millones y llevó el presupuesto vigente del área de $7,4 billones a $6,66 billones, según el informe.
Entre las partidas afectadas se encuentran:
- Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica: cerca de $20.000 millones.
- Tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo: $5.000 millones.
- Administración Nacional de Establecimientos de Salud: $3.195 millones.
- Salud Sexual y Procreación Responsable: $900 millones.
- Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales, tuberculosis y lepra: $800 millones.
El informe también advierte sobre la baja ejecución de algunas partidas. A mediados de mayo, el programa de tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo había utilizado apenas el 6,2% de su presupuesto, mientras que el de acceso a medicamentos había ejecutado alrededor de un tercio.
Las consecuencias también aparecen en los indicadores de acceso a la salud. Un estudio de 2026 del Observatorio Social de la UCA y la Sociedad de Gerontología y Geriatría señala que el 35,2% de los hogares con personas mayores debió postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos durante 2025. Además, el 50% de las personas mayores encuestadas evaluó negativamente la cobertura de medicamentos del Pami.
Entre un gasto de bolsillo que se dispara y provincias que intentan cubrir los baches con presupuestos ajustados, el achique del Estado golpea de lleno a las familias. Sin la red de contención de Remediar ni la cobertura plena de Pami, acceder a un medicamento básico para una dolencia crónica pasó de ser un derecho garantizado a un costo diario cada vez más difícil de afrontar
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