En el último tiempo, el empleo registrado cayó en gran medida y muchos presupuestos familiares inevitablemente debieron ajustarse. La cobertura médica se convirtió en otro indicador de fragilidad del mercado laboral argentino. Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran que crece la proporción de personas que no cuentan con obra social o prepaga, una tendencia que afecta especialmente a los jóvenes de entre 18 y 29 años y que tiene mayor incidencia en los sectores medios.
El fenómeno expone las dificultades para sostener derechos vinculados históricamente al empleo formal, en un escenario marcado por el crecimiento del trabajo independiente, la informalidad y las nuevas modalidades de contratación.
A fin de analizar cómo esto repercute en el acceso a la cobertura médica, con especial atención a las dificultades que enfrentan los jóvenes para sostener derechos laborales y proyectar su futuro, Hoy Día Córdoba dialogó con Leonardo L’Argentiere, vocal de la Cámara Única del Trabajo de Córdoba, y Luis María Cravino, doctor en Sociología del Trabajo y director de la Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Blas Pascal (UBP).
Para Cravino, el problema no puede explicarse únicamente por un cambio generacional en las preferencias laborales. Aunque la autonomía y la flexibilidad horaria ganaron relevancia, advirtió que muchos jóvenes aceptan las condiciones disponibles porque no encuentran otras oportunidades. “Me parece que este no es el problema argentino, el problema es que la gente toma el trabajo que puede o de la manera que pueda”, sostuvo.
En ese contexto, la pérdida de un empleo registrado puede implicar mucho más que dejar de percibir un salario, también supone perder o poner en riesgo una vía de acceso a la cobertura médica.
El vínculo entre trabajo y salud
“La relación entre el empleo y el acceso a la cobertura médica es un tema complejo”, sostuvo Cravino. Según explicó, el modelo tradicional vincula la cobertura sanitaria con los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador. Sin embargo, el crecimiento del trabajo independiente, el monotributo y las actividades mediante plataformas digitales modifica esas condiciones.
“Cuando una persona trabaja por cuenta propia, sus ingresos primero son variables y la continuidad de la cobertura depende en gran medida de que pueda sostener sus pagos”, señaló.
Desde la perspectiva jurídica, L’Argentiere explicó que la relación de dependencia formal es determinante para el acceso a las prestaciones de salud. “Quien carece de relación de dependencia formal y registrada, no ingresa automáticamente al régimen de cobertura (obra social o aseguradora del riesgo del trabajo)”, indicó.
El magistrado señaló que la legislación contempla nuevas formas de organización laboral, en las que los trabajadores pueden prestar servicios mediante plataformas sin quedar comprendidos en el régimen tradicional de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cravino, por su parte, diferenció las modalidades laborales que implican una pérdida de protección de aquellas que no necesariamente modifican los derechos del trabajador. “El teletrabajo, si está en relación de dependencia, tiene cobertura médica y si está fuera de la relación de dependencia, no”, explicó. Para el especialista, el problema central no es el lugar desde el que se trabaja, sino las condiciones contractuales y económicas que permiten sostener la cobertura sanitaria.
Más que elecciones, necesidades
La discusión sobre las nuevas generaciones suele centrarse en una supuesta preferencia por la autonomía y la flexibilidad por encima de la estabilidad laboral. Sobre esos dichos, Cravino advirtió que esas características no siempre responden a una elección personal. “Me parece que este no es el problema argentino, el problema es que la gente toma el trabajo que puede o de la manera que pueda”, sostuvo.
El doctor en Sociología del Trabajo señaló que algunas personas eligen trabajar por proyectos o administrar sus propios horarios, mientras que otras recurren a esas modalidades porque no encuentran empleo registrado. “Yo no estoy seguro de que los jóvenes digan: ‘Prefiero el trabajo no formal al trabajo formal’. Eligen el trabajo que pueden”, afirmó.
L’Argentiere también coincidió en que el cambio en las preferencias laborales debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Según explicó, en el ámbito académico se debate si las nuevas generaciones valoran más la independencia económica, la autogestión del tiempo y la flexibilidad horaria que la permanencia en una empresa o las jornadas tradicionales. “También se discute si esta reformulación surge a partir de una elección consciente, analítica y reflexiva o es fruto de un mecanismo adaptativo por experiencias trasladadas, un ajuste de expectativas ante la realidad o un discurso en función del mercado laboral existente o futuro”, señaló.
Para el vocal de la Cámara Única del Trabajo de Córdoba, la pregunta requiere un análisis multidisciplinario, sobre todo porque los cambios culturales conviven con las transformaciones económicas y las nuevas formas de contratación.
Cravino agregó que es necesario distinguir entre la flexibilidad elegida y la impuesta por las circunstancias. “No fue una elección quedar sin trabajo”, remarcó al referirse a quienes, después de perder un empleo, recurren por ejemplo a plataformas de movilidad o reparto para generar ingresos.
Por otro lado, vinculó estas transformaciones con el concepto de precariado, desarrollado por el economista británico Guy Standing, que describe a un sector caracterizado por la inseguridad laboral, la inestabilidad y la pérdida de derechos. “Hay personas que son precarias en su relación laboral y ganan mucha plata, y hay muchos precarios que no ganan nada. Algunos pueden pagar su prepaga y otros no”, explicó.
La diferencia está en los recursos disponibles para afrontar períodos sin ingresos y gastos mensuales, entre ellos los destinados a la salud. “Si uno tiene que ganarse el pan, primero busca ganarse el pan, después cubrir la prepaga o lo que fuera”, sostuvo Cravino. Así, cuando el dinero no alcanza, la cobertura médica queda en segundo plano frente a otras necesidades humanas más prioritarias.
Perder un empleo formal y las obligaciones del empleador
Ante la pérdida de un empleo registrado, L’Argentiere explicó que la legislación contempla determinados períodos durante los cuales puede mantenerse la obra social. “La Ley de Obras Sociales en Argentina establece, para los trabajadores vinculados en una relación de dependencia, que el carácter de beneficiario subsiste mientras dure el contrato de trabajo o la relación de empleo público y el trabajador reciba una remuneración”, señaló, al referirse al artículo 10 de la Ley 23.660.
Sin embargo, la norma prevé una extensión de la cobertura durante tres meses después de la extinción del vínculo, sin obligación de realizar aportes adicionales, para quienes hayan trabajado de manera ininterrumpida durante más de tres meses. La extensión comprende también al grupo familiar primario, conforme a las condiciones legales aplicables.
En ese sentido, el letrado agregó que existen otras situaciones previstas por la legislación y que quienes acceden a la prestación por desempleo pueden mantener la cobertura durante el período correspondiente. “Si la cuestión se prolonga por períodos mayores a los contemplados en las excepciones, el trabajador puede optar por continuar con la cobertura pagando por su cuenta los aportes personales y las contribuciones que antes se encontraban a cargo del empleador”, indicó.
Una vez agotadas las alternativas previstas, sostener una cobertura dependerá de las opciones disponibles y de la capacidad económica de cada persona. Pero para quienes atraviesan un período prolongado de desempleo, afrontar una cuota privada puede resultar especialmente difícil.
La cobertura también depende del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las empresas. L’Argentiere explicó que, en una relación de dependencia, el empleador actúa como agente de retención y está obligado a ingresar los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social. “Si no ingresa los aportes con destino a la obra social, que han sido retenidos del sueldo del trabajador, incurre en irregularidades”, afirmó, y detalló que esa conducta puede generar consecuencias administrativas, fiscales, laborales, civiles y penales, además de habilitar la ejecución de la deuda con los recargos e intereses correspondientes.
Plataformas digitales, nuevas formas de trabajo
Las aplicaciones de movilidad y reparto, de las que hemos tratado en otras ocasiones en este medio, constituyen otro escenario en el que se discute el vínculo entre trabajo y protección social. L’Argentiere señaló que la Ley 27.802 de Modernización Laboral incorporó disposiciones específicas para los servicios privados de movilidad de personas y reparto mediante plataformas tecnológicas. “Se crea la figura del prestador independiente protegido que se vincula por medio de un contrato de prestación de servicios a la plataforma tecnológica”, detalló.
El especialista indicó también que la normativa establece que el prestador debe poder conectarse a distintas plataformas, elegir los horarios que considere más convenientes y aceptar o rechazar solicitudes según su criterio. Al mismo tiempo, debe cumplir con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
En lo que respecta a materia sanitaria, el vocal señaló que la ley contempla el acceso al Sistema Nacional del Seguro de Salud mediante aportes individuales, y también reconoce el derecho a un seguro de accidentes personales que debe ser proporcionado por las plataformas y que incluye desde gastos médicos y farmacéuticos por accidentes, hasta los de incapacidad permanente o un eventual fallecimiento a causa de un siniestro vial. No obstante, advirtió que estas protecciones no deben confundirse con los derechos asociados a una relación de dependencia.
Por su parte, Cravino consideró que el crecimiento de estas modalidades debe analizarse dentro de una transformación más amplia del mercado laboral. A su entender, el problema no es solamente la aparición de nuevas formas de trabajo, sino que estas no siempre ofrecen condiciones suficientes para garantizar estabilidad y protección.
La fragilidad alcanza también a los jóvenes profesionales
La precariedad laboral tampoco se limita a quienes no completaron sus estudios o tienen dificultades para acceder a empleos calificados. Cravino advirtió que también afecta a jóvenes con formación universitaria que no encuentran puestos acordes con sus perfiles. “Cuesta conseguir trabajo, entonces se consigue el trabajo de lo que se puede”, afirmó.
El especialista mencionó, además, el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en los puestos destinados a quienes recién comienzan sus carreras. Aunque no presentó ese fenómeno como la única causa de la precariedad, consideró que forma parte de un contexto en el que la inserción laboral juvenil enfrenta nuevos desafíos.
Para el sociólogo, la fragilidad del mercado laboral comprende la falta de garantías para sostener la cobertura médica, acceder a una jubilación, contar con aguinaldo o disponer de vacaciones pagas.
L’Argentiere, por su parte, hizo hincapié en que el debate sobre los cambios laborales no puede explicarse por una sola causa. En su análisis, la transformación cultural, las nuevas modalidades de contratación y las condiciones económicas conviven y se retroalimentan. La pérdida de cobertura médica muestra una de las consecuencias de ese proceso. Cuando la flexibilidad responde a la falta de empleo formal, la protección sanitaria queda más expuesta a las fluctuaciones económicas.
“Estamos viviendo un mundo donde cada vez va a haber más gente con imposibilidad de jubilarse o de tener cobertura médica y también de planificar su futuro”, alertó Cravino. Esa advertencia resume uno de los desafíos del mercado laboral actual: conseguir ingresos no siempre significa contar con estabilidad ni con derechos garantizados. Para los jóvenes, sostener una cobertura médica se convierte en otra de las dificultades asociadas a las nuevas condiciones de trabajo.
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