El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por US$ 2.000 millones para la Argentina, una herramienta que permitirá al Gobierno acceder a financiamiento en mejores condiciones y avanzar en su estrategia de regreso a los mercados internacionales de capital.
La operación cubrirá el 95% de los pagos del servicio de un nuevo préstamo comercial, lo que reducirá el costo del financiamiento y fortalecerá la gestión de la deuda pública. El crédito tendrá un plazo de seis años, con tres años de gracia, y forma parte del plan financiero diseñado por el equipo económico para afrontar los vencimientos previstos entre 2026 y 2027.
Respaldo para volver a emitir deuda
El organismo destacó que las garantías buscan facilitar el retorno de la Argentina a los mercados internacionales, en un contexto de mejora de las condiciones financieras. La baja del riesgo país y la reciente mejora en la calificación crediticia del país alimentaron las expectativas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, pueda volver a emitir deuda en el exterior, aunque el funcionario aún espera condiciones más favorables.
La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que la iniciativa contribuirá a movilizar financiamiento privado en condiciones más accesibles y respaldará reformas destinadas a impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento de largo plazo. La directiva mantendrá una reunión con Caputo para oficializar el anuncio.
Parte del programa financiero
Las garantías forman parte de la estrategia presentada por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar el programa financiero de 2026. Según explicó previamente el viceministro de Economía, José Luis Daza, también se prevén nuevos financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
De acuerdo con el Banco Mundial, el esquema también respaldará reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura, fortalecer la competencia y ampliar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, con el objetivo de mejorar el clima de negocios y consolidar la estabilidad económica.
La industria usó casi el 60% de su capacidad instalada, aunque la producción siguió en baja