El Gobierno oficializó este sábado la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, cuya finalidad será estabilizar el precio del cereal a niveles anteriores a la guerra en Ucrania, al mismo tiempo que fijó un nuevo esquema de retenciones para subproductos de la soja con el objetivo de financiar el fondo, en las primeras medidas de la “guerra contra la inflación” anunciada por Alberto Fernández.
El propio presidente había anticipado el viernes las medidas en un discurso grabado donde convocó a todos los sectores productivos a alcanzar acuerdos que permitan “luchar contra la inflación”. “Desde este lunes convocaré a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”, anticipó Fernández, quien enfatizó que “confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios”; pero también advirtió: “No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la Ley de Abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos del Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”.
Por lo pronto, el mandatario dispuso la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y un nuevo esquema de retenciones para subproductos de la soja, que rápidamente fue repudiado por la oposición y las entidades del campo.
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, detalló que la flamante herramienta busca “estabilizar el precio del trigo a valores ‘pre bélicos’ mientras duren las consecuencias del aumento a causa de la guerra y desacoplar el precio argentino de los internacionales”; a la vez que aseguró que buscan “cuidar a los consumidores” y “no perjudicar a los productores argentinos”.
El fondo se financiará con el aumento de dos puntos en las retenciones a la exportación de la harina y el aceite de soja (que pasarán a tributar el 33%), con la quita temporal del diferencial en los derechos de exportación que tributaban los productos industrializados de soja respecto al poroto. Según Domínguez, la quita de este beneficio no afectará al productor porque “las empresas ya lo descontaban al productor”.
“La captación de este beneficio y promoción de este decreto es solo para las empresas que exportan estos subproductos”, destacó el ministro, quien reseñó que la medida alcanzará a sólo 11 empresas multinacionales. Además, anunció la apertura de los registros de exportación de trigo para la campaña venidera, en pos de que los productores y la exportación puedan aprovechar el alto precio internacional del cereal. “Estamos trabajando para darle a la gallina de huevos de oro de este país, que es el productor, la previsibilidad y la confianza que requiere”, destacó, aunque la reacción del campo parece contradecirlo.
El Gobierno admitió un “descontrol” en las remarcaciones de precios
“La batalla hoy es contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas como la actual sacar una renta extraordinaria”, anticipó el viernes el presidente Alberto Fernández al lanzar su “guerra contra la inflación”, en una confesión implícita de su diagnóstico sobre la alta inflación, más allá de la guerra en Ucrania.
“Hubo un descontrol de remarcaciones”, reconoció ayer una alta fuente oficial en referencia a los alimentos, luego de que el Indec informara que en febrero hubo un 7,5% de inflación en el rubro. Medios porteños denunciaron ayer que, ante el lanzamiento del plan antiinflacionario, en la última semana hubo intentos de las grandes empresas de aplicar aumentos de precios de hasta 30% en alimentos, mediante el envío de listados de nuevos valores a los comercios.
Entre otras empresas, quienes mandaron listas con “subas preventivas” están Molinos Río de la Plata (farináceos y aceites), Mastellone (lácteos), AdecoAgro (arroz y aceites), Molino Cañuelas (harinas) y Coca Cola. Por ello, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, salió a adelantar ayer que el Gobierno va a “actuar con el peso de la ley” sobre los sectores que implementaron remarcaciones y que exigirá que “retrotraigan los precios que no tienen justificación”.
“Vamos a trabajar cadena por cadena. Vamos a comparar la estructura de costos con los datos que informen los empresarios y conformar una mesa de trabajo. Somos un Gobierno de diálogo, pero si vemos que del otro lado no encontramos una respuesta adecuada, y hay prácticas especulativas, vamos a actuar con el peso de la ley”, dijo.