Las empresas reunidas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) rechazaron el proyecto de gestión de envases que obtuvo dictamen de comisión esta semana en la Cámara de Diputados, al que consideraron “una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y genera una mayor carga tributaria al tejido productivo”. La iniciativa, promovida por el oficialista Frente de Todos, contempla la creación de una “tasa ambiental” que deberá ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado.
El proyecto dispone la creación de un fideicomiso administrado por la banca pública para, entre otros objetivos, fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores y fomentar el desarrollo del ecodiseño, se informó oficialmente.
Frente al avance de la iniciativa en la Cámara baja, las compañías de origen norteamericano difundieron un comunicado en el que expresaron su “preocupación”. Allí señalan que los fondos que la ley generaría no tienen una contraprestación clara y afectan el federalismo. Además, anticipan que medidas de este tipo “obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil”.
“Hoy más que nunca es necesario que el Gobierno y, en este caso, el Congreso Nacional desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión, y recree las condiciones para un clima de negocios previsible”, detalla el texto.
Como “otro de los puntos débiles” del proyecto, la nota señala el cálculo de la tasa ambiental, “cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el Estado, sin pautas claras de asignación”.
Como contrapropuesta “lógica”, la AmCham sugiere que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación (3 a 5 años), reservando para el Estado el rol de autorizar y controlar los sistemas implementados y si las metas no se logran o no se cumplen, entonces aplicar multas y sanciones acordes.
Además, remarca que el proyecto se torna fácilmente atacable por su debilidad constitucional al vulnerar derechos de las provincias, porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público. “Una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos”, apunta.